22 Octubre, 2007 a 14:57 pm (ensayo)
Carlos Manzo
Concejo Ciudadano Unihidalguense/CNI/ La Otra Campaña
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57997
A Raúl y Bertha, exiliados del Movimiento Indígena Oaxaqueño.
A las compañeros presos políticos de Atenco y Oaxaca.
A las compañeros de La Otra Campaña Nacional e Internacional
A las compañeros del Encuentro Continental de los Pueblos Indígenas de América
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
“Bienvenido el arcoiris, bienvenido el puente, bienvenido el paso que lo va y lo viene, bienvenida siempre la palabra que camina, la de ustedes, la nuestra, la de los todos que somos nosotros.” [1]
1. El contexto y los antecedentes
En nuestro país, estamos viviendo la represión como modelo de ‘gobernabilidad’ institucional de la derecha en el poder. La locura de quienes actualmente ‘gobiernan’ se mide por la creciente impunidad de Estado, que, aunque suene contradictorio, es solapada por componendas político partidistas, en donde las principales cartas de negociación de legisladores y partidos, son precisamente las impunidades que arrastran.
Más allá de las decenas de asesinados y de presos políticos en el sur del país, el Estado ensaya la instauración de un régimen especial de control policiaco-militar sobre la población; en Oaxaca, por ejemplo, hoy es casi imposible la realización de un nuevo Congreso o Asamblea General de la APPO. Los retenes militares en todas las carreteras se suman a la multiplicación y hostigamiento policiaco en la capital oaxaqueña y en las principales ciudades en plena coyuntura electoral. En el margen de impunidad negociada por el tirano Ulises Ruiz, caben aún, y espero equivocarme, asesinatos, prisioneros políticos y violaciones a los más elementales Derechos Humanos.
En la estrategia represiva del régimen, además de los casos especiales de Atenco y Oaxaca, uno de sus principales objetivos es precisamente desarticular a ‘La Otra Campaña’, convocada e impulsada por el EZLN y cientos de organizaciones, colectivos y personas de todas las entidades del país. Ellos, desde el CISEN por ejemplo, saben que el potencial organizativo de La Otra Campaña, con un tiempo y objetivos distintos a los de la política partidista electoral, puede efectivamente representar un obstáculo serio a su pretensión neoliberal de privatización de tierras, recursos naturales y fuentes de energía, fundamentalmente petroquímica y electricidad. Los fuertes intereses económicos de las empresas transnacionales y gobiernos, constituyen el telón de fondo de toda esta coyuntura represiva.
A la creciente impunidad por los casos de ‘criminalización’ y asesinato de luchadores sociales en Oaxaca, se suman los sonados casos de confirmada pederastia de empresarios y gobernantes en Puebla que, siendo ‘ignorados’ por los medios masivos electrónicos (Radio y TV), no hay justicia que se les imponga en tanto criminales de Estado.
En este contexto, las acciones de ‘sabotaje a los bienes de la nación’ reivindicadas por el EPR, mas que favorecer la propia satisfacción de sus demandas, a saber, la presentación de dos desaparecidos políticos documentados por organismos de DH, al ‘justificar’ la sobremilitarización, obstaculiza el avance de la organización de cualquier expresión crítica e independiente del movimiento indígena y social en general. Estas acciones dejan a muchas organizaciones sociales independientes, al Movimiento Indígena y a La Otra Campaña ante un virtual estado de sitio.
2. El Movimiento Indígena Nacional
Al plantear en general la existencia de un Movimiento Indígena Nacional (MIN), me refiero a todos los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, asambleas y otros espacios que expresan, por diversos medios, una lucha, por lo menos ideológica, en la defensa y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Así, percibimos al interior del MIN, por un lado, un importante conjunto de organizaciones que ha optado por una reforma de Estado y cuenta incluso con el reconocimiento por el IFE con carácter de APN, nos referimos a la ANIPA. Por otro lado, podemos ver la permanencia del Congreso Nacional Indígena (CNI), desde octubre del ’95 a la fecha, espacio de discusión, diálogo, participación y organización, con significativa participación de los zapatistas en distintos momentos. Por ejemplo: en la conformación del Foro Nacional Indígena en enero de 1996, previo a la firma de los Acuerdos de San Andrés, la Marcha del color de la tierra, en 2001, en gran parte de los recorridos de La Otra Campaña, en 2006, y ahora en la convocatoria para el Encuentro Continental de Pueblos Indígenas de América, realizado en la comunidad Yaqui de Vícam en días pasados.
Existen otras expresiones regionales del Movimiento indígena nacional que rara vez participan en los espacios nacionales ya mencionados; tales serían los casos en Guerrero del Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a la presa la Parota, que ha tejido a lo largo de varios años toda una red de organismos no gubernamentales y organizaciones en apoyo a su principal demanda, esto le ha valido la suspensión temporal del proyecto, dictada por un juez federal, a raíz de la interposición de un amparo de los ejidatarios; la construcción de la presa pretende desalojar y despojar de su tierra a miles de indígenas y campesinos en esa región… Casos como éste, no se encuentran exentos de enfrentar los métodos represivos del Estado.
Una característica importante que marca la bifurcación de objetivos e intereses al interior del MIN será la aparición de la VI Declaración de la Selva Lacandona en 2005, y el inicio de ‘La Otra Campaña’, a partir de enero de 2006 y hasta ahora vigente; la mencionada bifurcación se hace patente, sobre todo, con la realización de la IV sesión del Congreso Nacional Indígena, en mayo de 2006, en San Pedro Atlapulco, donde en el marco de la sangrienta represión en San Salvador Atenco y San Blas Atempa, esta última en el Istmo de Tehuantepec, la plenaria del CNI concluye y consensa en asamblea firmar la VI Declaración de la Selva Lacandona y, con ello, considerarse adherente a ‘La Otra Campaña’.
Después de recorrer el país durante más de un año, La Otra Campaña, particularmente la denominada ‘Comisión Sexta’, ha valorado la importancia de articular la resistencia indígena en oposición directa a los proyectos neoliberales del actual régimen. Así, el carácter anticapitalista de La Otra Campaña, expresada en la VI Declaración y consensuada en una consulta nacional a los adherentes, encuentra una importante fuente de alternativas al capitalismo y experiencias de lucha en las formas autonómicas que se mantienen vivas en buena parte de las regiones indígenas de México.
Se ha interpretado erróneamente por parte de muchas organizaciones indígenas y no indígenas de La Otra Campaña que la interlocución con instituciones del Estado, rompe con su principio antisistémico; sin embargo, la defensa de la tierra y los recursos naturales, así como la liberación de presos políticos han implicado necesariamente dicha interlocución en sus luchas, la mayoría de las veces aisladas, a fin de garantizar los derechos de los pueblos y de las comunidades.
3. La Comunalidad Oaxaqueña
En Oaxaca, en los últimos ocho años, los gobiernos de José Murat y URO han ensayado una escalada represiva, cuyo principal antecedente sería su propia experiencia –‘escuela’– en la Guerra Sucia de la década de los setentas, con Echeverría a la cabeza.
La desaparición de Víctor Pineda Henestrosa (Víctor Yodo) en 1978, en aquel entonces asesor del último CBC de Juchitán, precedida de una fuerte represión militarizada al movimiento campesino e indígena en casi todo el país, marca el inicio del caos del sistema político oaxaqueño, fundado en cacicazgos regionales priístas. Como era de esperarse, como ya es costumbre, la pasada coyuntura electoral en esta entidad, dejo saldo rojo y represión en aquellos municipios donde fue previamente detectada cierta posibilidad de triunfo de los partidos opositores al PRI. Que, en algunos casos fueron víctimas del fraude y las imposiciones; a diferencia de la elección de diputados locales, en las elecciones municipales el abstencionismo fue menor.
Después de la dura ola represiva sufrida por la COCEI en la primera mitad de los 80’s, será con Diódoro Carrasco cuando el Estado recurra nuevamente a la represión y criminalización de los movimientos sociales, como norma ineludible para mantener la ‘gobernabilidad’ en las regiones. El caso más conocido, que hasta ahora mantiene a todo un cabildo indígena en prisión, por cargos federales, es el de los Loxichas; de acuerdo con esta experiencia, hace trece años los presos políticos indígenas de los Loxichas integraban en su mayoría el cabildo de San Miguel y San Agustín, electos en asambleas comunitarias por el régimen de usos y costumbres.
Esta experiencia autonómica se oponía directamente a los intereses privatizadores del cacicazgo priísta encabezado por Diódoro, en el ’95; se hablaba ya de intereses mineros en la zona, a los que ahora se suman los de bioprospección y forestales que figuran en el PPP. Los presos políticos de los Loxichas fueron acusados de pertenecer al EPR, éste último se ha deslindado públicamente de cualquier vínculo con ellos; sin embargo, el gobierno federal mantiene los cargos federales por motín y rebelión, los abogados defensores de la LIMEDDH, han demandado permanentemente la promulgación de una Ley de Amnistía, lo que en nuestros tiempos parece imposible.
En América Latina, el modelo económico neoliberal, en su caótica última fase como sistema histórico capitalista, se caracteriza por la imposición de empresas globales, transnacionales, en el marco de megaproyectos como el Plan Puebla Panamá. Estas empresas transnacionales, como es el caso de las españolas Gamesa, Preneal, Iberdrola, Endesa, entre otras, en el denominado Corredor Eólico del Istmo, constituyen la punta de lanza del neocolonialismo que pretende agotar en menos de 50 años los recursos naturales de las regiones indígenas de América Latina. En casi todas estas regiones, que ahora se ven amenazadas y afectadas por eoloeléctricas e hidroeléctricas, petroquímica, supercarreteras, minería, hoteles, entre otras, la principal consecuencia es el despojo de tierras, territorio y recursos naturales, propiciando una mayor pauperización de las comunidades y, por ende, la expulsión de población que, para los casos de México y Centroamérica, emigra a los Estados Unidos. Un buen número de estos casos pueden apreciarse en reiteradas reuniones y asambleas de organizaciones indígenas, como lo ha hecho constar el Congreso Nacional Indígena (CNI) en los siguientes términos:
“… no resulta casual que en los últimos años, meses y semanas se haya incrementado la agresión del gobierno y las grandes corporaciones empresariales hacia nuestros pueblos, tal como ocurre con la comunidad wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, a la cual se le niega el reconocimiento de sus tierras y su misma existencia como comunidad, en tanto que otras personas reciben autorizaciones para aprovechar sus ricos bosques de ocote y encino, (…) con el municipio autónomo de Suljaa’, Guerrero, y su radio comunitaria, que son perseguidos y reprimidos desde el gobierno; de igual manera pasa en Zirahuén, Michoacán, con su Lago Azul y sus tierras que son codiciados por empresas extranjeras; en la Misión de Chichimecas, Guanajuato, donde caciques de la región amparados en ilegales resoluciones judiciales pretenden apropiarse de sus tierras comunales; o en Tepoztlán, Morelos, en cuyas tierras poderosos grupos económicos insisten en la construcción de un club de golf y actualmente la comunidad lleva su defensa ante los Tribunales Agrarios a pesar de las amenazas para despojarlos; o es el caso del ejido nahua de Ayotitlán, Jalisco, donde la Minera Peña Colorada del grupo Hylsamex, la más grande América Latina, día con día roba y destruye las tierras, montes y aguas del ejido con la complicidad del gobierno; lo mismo pasa en las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec ante la codicia de las compañías españolas como Gamesa, Endesa, Preneal e Iberdrola que están robando sus tierras con la intención de construir plantas eoloeléctricas; o es lo que ocurre en las comunidades nahua de Cuzalapa y wixárika de Haimatsíe, ambas del estado de Jalisco, que pretenden ser desmembradas por la aplicación del Programa de Certificación en Comunidades”. [2]
Podríamos sumar aún los casos de la presa La Parota , las hidroeléctricas en Jalapa del marqués Oaxaca o en el Usumacinta en Chiapas.
En los últimos quince años se ha manifestado una importante resistencia indígena y civil organizada en contra de estos proyectos, [3] de manera aislada en cada región o país.
En algunos casos la movilización y los mecanismos jurídicos han permitido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, también ha sido muy evidente la estrategia represiva, el asesinato, el encarcelamiento y demás violaciones a derechos humanos por parte del Estado, en un gran número de ellos.
Independientemente del manejo mediático que se hace del caso de Oaxaca, la APPO y el EPR, que buenos dividendos de impunidad le han allegado a los regímenes represivos de URO y Calderón, es evidente que nos encontramos ante la instrumentación de una estrategia represiva y de control policiaco militar, que garantice la imposición del PPP en diversas regiones de Oaxaca, lo mismo que en el sur y sureste del país.
En estos tiempos de aguda represión y, por ende, de proliferación de impunidades de Estado, resulta apremiante para las comunidades y organizaciones afinar estrategias comunicativas y de acción solidaria, que permitan, más allá de la formulación de demandas al Estado, la puesta en práctica de alternativas históricas, el ejercicio o reconstitución de la autonomía indígena es una de ellas.
Un mes antes de la feroz represión del 25 de noviembre de 2006, instrumentada “fundamentalmente por la PFP en Oaxaca, David Venegas –Alebrije—junto con representantes de colectivos y pequeñas organizaciones de la APPO y de La Otra Campaña, generaron un espacio crítico, de participación alternativa, ‘anarquista’ dirían algunos, conocido como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL); dicho espacio ha sido considerado erróneamente por algunos como una escisión de la misma APPO. En el mes de abril del presente año, David Venegas fue detenido por policías ministeriales de Ulises Ruiz y continúa hasta hoy preso por cargos prefabricados. La clara visión política antipartidista y antisistémica de la mayoría de los colectivos de VOCAL, se encuentra fielmente representada en el Alebrije; esta apreciación se percibe cuando expresa, a propósito de la actual situación de la APPO, pasadas las elecciones locales:
”Oaxaca ha cambiado y nada volverá a ser igual. Mientras la clase política de todos los partidos políticos se empeñan en seguir en su inercia hacia el vacío y la destrucción, los hombres y las mujeres de Oaxaca que luchan y resisten han decidido apartarse de ese camino, el electoral, plagado de trampas y frustraciones, para ejercer en su lugar, su derecho a la construcción activa, autónoma y libertadora de su futuro.”
Desde la cárcel de Ixcotel, David continúa realizando un diagnóstico muy preciso de la situación de la APPO al señalar:
“Esta inercia de la clase política también está representada en los órganos de toma de decisiones del movimiento social, la dirigencia de la Sección 22 y el Concejo Estatal de la APPO, los cuales reciben hoy una lección contundente que ojalá sea aprendida. Los pueblos de Oaxaca que caminan en esta lucha les han demostrado que no son masas, las cuales puedan moldear a sus gustos e intereses. En este movimiento participan miles de hombres y mujeres sencillos, de buen corazón, pero ningunos ingenuos que acepten sin chistar, y sobre todo sin participar en las “orientaciones” de algunos líderes que se empeñan en ponerse a la cabeza de este movimiento sólo para lograr sus propias ambiciones personales o de grupo”. [4]
Si se analiza a fondo esta caracterización que David hace de la APPO, la misma alcanza a incomodar a los cacicazgos del PRI e incluso a dirigentes de la APPO que en las pasadas elecciones vieron frustradas sus ‘legitimas’ aspiraciones.
Más allá de las diversas tendencias y diferencias de objetivos políticos al interior de la APPO y de esta con el movimiento magisterial de la Sección XXII de la CNTE, lo que se ha dado en conocer como Movimiento Social Oaxaqueño, mantiene latente un conflicto cuyo desenlace parece navegar en la impunidad como mejor estilo de gobierno.
URO, el tirano, también conocido como el ‘mapache mayor’, ha intentado nuevamente el ‘carro completo’ en las elecciones municipales; los distritos del Istmo, que concentran a una mayor parte de municipios que se rigen por el sistema de partidos, son vitales para continuar, sin disturbios de ninguna índole, el megaproyecto del Corredor Eólico del Istmo, cuyo Consejo de Planeación preside el propio URO. Aún el hecho de que algunos municipios como Juchitán, Tehuantepec y Unión Hidalgo hayan sido ganados por la oposición al PRI, esto no representa una verdadera oposición al megaproyecto, ya que dichos gobiernos municipales se han mostrado en una actitud servil con las empresas transnacionales. Así lo demuestra el que el edil perredista de Juchitán, en años recientes haya firmado autorizaciones y permisos de ‘cambio de uso del suelo’ para facilitar la instalación de los aerogeneradores en su territorio.
En la gran mayoría de pueblos y comunidades de Oaxaca, se reconoce por parte de los intelectuales indígenas y un buen número de organizaciones, la existencia de la comunalidad como el modo de vida de los pueblos indios [5] ; desde la primera caracterización de Floriberto Díaz, [6] planteaba que se constituye de 4 elementos fundamentales que son: el territorio, la fiesta, el trabajo y el poder; siendo estos dos últimos representados, en el caso del trabajo comunal por el tequio, la gozona, la mano vuelta, y en el caso del poder comunal por las asambleas. En una ilustración gráfica de estos elementos en una flor comunal, Rendón colocó a la milpa en el centro de los mismos, dándole una significativa importancia al maíz.
En un contexto caracterizado por la permanente lucha de nuestros pueblos contra los cacicazgos políticos y económicos, así como por las desastrosas consecuencias de las políticas institucionales modernizantes, la comunalidad se presenta como orientadora de la resistencia indígena en distintos ámbitos del ejercicio de nuestro derecho a la autonomía; de aquí el que algunas instituciones y académicos hasta la fecha reprueben, la utilización del término comunalidad como un concepto o piedra de análisis de la realidad de nuestros pueblos, argumentando cierta ausencia de ‘rigor conceptual’ así como la nula imparcialidad y neutralidad ‘política’ del investigador y/o promotor con el ‘objeto de estudio’ o ‘sujeto social’ en cuestión. Juan José y otros comunalistas han sido víctimas de esta absurda visión institucionalista y academicista que desafortunadamente impera hasta la fecha en estos medios en aras de una supuesta ‘objetividad’ del conocimiento. Por el contrario, muchos pueblos y comunidades reconocen como objetivo primordial la reconstitución integral de sus culturas con base en el fortalecimiento y desarrollo de la comunalidad; así se ha manifestado también en algunos espacios como el Congreso Nacional Indígena.
Con relación a la comunalidad, quisiéramos dejar apuntado en principio que se trata de un concepto con sentido histórico y antropológico, desde la propia visión indígena, con una alta connotación relativa al análisis cultural del modo de vida de los pueblos indios; de hecho de acuerdo con Rendón es al ‘sistema cultural al que llamamos comunal’ ; aunque también considera que no se trata de una entidad acabada e inmutable sino que es algo en permanente movimiento y cambio; probablemente a este carácter dialéctico del concepto se deba el que algunos antropólogos consideren la ausencia de ‘rigor conceptual’.
El concepto nos permite sobre todo el análisis comparativo en tanto que en su existencia histórica, “la semejanza fundamental de los pueblos indios heredada de su antigua cultura – aún con sus cambios y diferencias- que enlaza e iguala a los pueblos indios es la vida comunal , o comunalidad, la cual puede entenderse como la igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros de una comunidad para participar en la decisión del destino de ésta, así como para disfrutar de sus bienes y productos.
[1] Palabras del Subcomandante Insurgente Marcos, en la plenaria final del Foro Nacional Indígena, el 7 de enero de 1996. Tomada de Ce- Acatl, Revista de la Cultura del Anáhuac, No. Doble especial, 76-77, enero de 1996, p.85.
[2] Declaración de Tuapurie, del Congreso nacional Indígena, región Centro-Pacífico; dada en in+akwaixit+a, Nueva Colonia, comunidad indígena de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, territorio Wixárika, el 27 de noviembre de 2005 .
[3] Como serían los casos de: el Movimiento Zapatista expresado en La Otra Campaña, en México y a nivel internacional; el Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil, entre otros.
[4] David Venegas, Carta desde la prisión de Ixcotel, Oaxaca; Caminos diferentes, 5 de agosto de 2007.
[5] Definición general del concepto de comunalidad, utilizada por el Maestro Juan José Rendón Monzón. (q.e.p.d.)
[6] Floriberto Díaz, indígena Mixe, fundador de la organización Servicios del Pueblo Mixe; antes de su muerte acaecida en 1995 promovió importantes reuniones nacionales que prefiguraron el perfil del Movimiento Indígena Nacional en México.
