México Insurgente II

El contagio

Raúl Zibechi

México Insurgente I

La siembra

Raúl Zibechi

Los movimientos,
portadores del mundo nuevo
Raúl Zibechi

Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas - Raúl Zibechi

Introducción
En los últimos veinte años tuve la posibilidad de visitar múltiples rincones de América Latina, donde los de abajo se empeñan en convertir sus iniciativas colectivas para la sobrevivencia en espacios para resistir el sistema hegemónico. Pude conocer algunas experiencias notables, compartir con las y los actores sobre los modos y formas de construir sus vidas cotidianas, y luego ampliar lo allí convivido a través de abundante bibliografía.

Lo que aprendí junto a esos colectivos me reafirmó en la convicción de que en América Latina, al calor de las resistencias de los de abajo, se han ido conformando “territorios otros”, diferentes a los del capital y las multinacionales, que nacen, crecen y se expanden en múltiples espacios de nuestras sociedades. Puede objetarse que las formas de construcción de los movimientos indígenas en áreas donde habitan desde hace siglos, no deben compararse con las experiencias urbanas de los sectores populares. Las diferencias entre unos y otros son inocultables, empezando por el simple hecho de que la presencia estatal en esos lugares es débil, lo que facilita la existencia de formas de vida heterogéneas. Pero tampoco podemos dejar de lado, que las experiencias de esos sectores a menudo se entrelazan y que en no pocas ocasiones tienden a tomar camino, si no idénticos, por lo menos similares.

Las experiencias educativas, ancladas en lo bilingüe, los cuidados de la salud en base a los saberes ancestrales, la renovación y reconocimiento de la justicia y de formas de poder apoyadas en las tradiciones comunitarias, pueden servir para confirmar las inexorables diferencias entre el mundo rural indígena y el urbano popular. Es enteramente cierto que entre los indios de nuestro continente sobreviven y se han recreado tradiciones diferentes a las que vemos en los sectores populares urbanos, entre ellas, y de forma destacada, la lengua propia.

Pero no es menos cierto que los sectores populares son portadores de relaciones sociales también diferentes a las hegemónicas, aunque no asimilables a las de los indígenas. Sin embargo, no es a través de estudios de carácter antropológico o sociológico como podemos desentrañar el carácter de esas diferencias. Los pueblos, sus culturas y cosmovisiones, no pueden ser comprendidos desde metodologías de carácter “científico”, o sea, sólo a través de estudios cuantitativos y estructurales. No se trata de medir las diferencias sino de comprenderlas a través de su despliegue y su visibilización, de los rastros y realizaciones concretas que van dejando estelas y huellas, materiales y simbólicas.

Estoy firmemente convencido, como sugiere James Scott, de que los de abajo (ese amplio conglomerado que incluye a todos, y sobre todo todas, quienes sufren opresión, humillación, explotación, violencias, marginaciones...) tienen proyectos estratégicos que no formulan de modo explícito, o por lo menos no lo hacen en los códigos y modos practicados por la sociedad hegemónica. Detectar estos proyectos supone, básicamente, combinar una mirada de larga duración con un énfasis en los procesos subterráneos, en las formas de resistencia de escasa visibilidad pero que anticipan el mundo nuevo que los de abajo entretejen en la penumbra de su cotidianidad. Esto requiere una mirada capaz de posarse en las pequeñas acciones con la misma rigurosidad e interés que exigen las acciones más visibles y notables, aquellas que suelen “hacer historia”.

Larga duración, porque sólo en ella se despliega el proyecto estratégico de los de abajo, no como programa definido y delimitado sino a través de grandes trazos que apuntan en una dirección determinada. Esa dirección, en América Latina, nos habla de creación de territorios, rasgo diferencial de los movimientos sociales y políticos respecto a lo que sucede en otras latitudes. En paralelo, en la larga duración pueden hacerse visibles los pliegues internos –claves para comprender los proyectos de nuestros pueblos – que resultan invisibles al observador externo.
Aunque los territorios de los movimientos abren nuevas posibilidades para el cambio social, no representan, empero, ninguna garantía de transformación liberadora. En las periferias urbanas de muchas ciudades latinoamericanas, he visto territorios de la complejidad y la diversidad, de la construcción de relaciones sociales horizontales y emancipatorias donde se registran formas de vida heterogéneas, junto a territorios donde la dominación reviste las vulgares formas de la militarización vertical y excluyente. Transitar de un barrio a otro, cruzando apenas una avenida, puede representar un cambio brusco entre la dominación y la esperanza.

Como toda creación emancipatoria, los territorios urbanos están sometidos al desgaste ineludible del mercado capitalista, a la competencia destructiva de la cultura dominante, la violencia, el machismo, el consumo masivo y el individualismo, entre otros. Los territorios de los sectores populares urbanos –a los que está en gran parte dedicado este libro– nacieron y buscan crecer en el núcleo más duro de la dominación del capital, en las grandes ciudades que son sede natural de las viejas y nuevas formas de control social, que contribuyen a lubricar la acumulación de capital.
a sea por la vía represiva o por la interiorización de la cultura neoliberal, estos emprendimientos han venido siendo acosados desde que nacieron, hace más o menos cuatro décadas, en todas las periferias urbanas de este continente. Con el tiempo, están aprendiendo a sortear este conjunto de adversidades, a veces desarmando algunos de sus más queridos proyectos, como me han enseñado los compañeros del Movimiento Social Dignidad, de Cipolletti. Para no ser atrapados por la lógica identitaria del capital, capaz de devorar todo aquello que se congela pese a haber sido creado con prácticas emancipatorias, los desocupados organizados de esa ciudad decidieron desarmar, o mejor, parar por un tiempo, los emprendimientos productivos, entre ellos la panadería y la bloquera, que les proporcionaban buenos ingresos. Para seguir avanzando, para comenzar a trabajar con aquellos que más necesidad tienen de movimiento –adolescentes, niños y niñas destrozados por la pobreza– se vieron forzados a poner en cuestión todo lo que venían haciendo, para abrirles un espacio en sus almas y en sus cuerpos, como hubiera dicho León Felipe.

Los territorios urbanos donde han arraigado los movimientos que trabajan por la emancipación, están sufriendo nuevas e inesperadas embestidas por parte de actores nacidos a menudo en el seno de esos mismos movimientos. Se trata de un proceso que se puede fechar hacia la década de 1990, con el acceso a los gobiernos municipales de fuerzas de izquierda como el Partido de los Trabajadores en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay, y otras fuerzas de izquierda en una porción significativa de las ciudades latinoamericanas. De la mano de la “descentralización con participación”, se pusieron en marcha proyectos como el Presupuesto Participativo en Porto Alegre; experiencias que tuvieron nombres y protagonistas diferentes, pero características similares en otras urbes. Desde el punto de vista de los sectores populares organizados en movimientos, estas experiencias no fueron felices, ya que propiciaron la desarticulación de toda una camada de organizaciones populares, más allá de la voluntad de sus promotores.

El problema que enfrenta la dominación en América Latina, es que en las últimas décadas las poblaciones se levantan, se insurreccionan, y desde el Caracazo de 1989 lo hacen de modo regular. El panóptico se ha vuelto arcaico: aunque sigue funcionando, no es el medio fundamental de control. Lo que se requiere para gobernar grandes poblaciones que cambian y buscan el cambio, son formas de control a distancia, más sutiles, que trabajen en relación de inmanencia respecto a las sociedades, y para eso los movimientos juegan un papel fundamental. De ahí la necesidad de contar con ellos, ya no reprimirlos y marginarlos.

Podemos decir que los estados que dirigen Lula, Kirchner y Tabaré Vázquez, por poner los ejemplos más obvios pero no los únicos, son hijos del arte de gobernar. Ya no estamos ante los estados benefactores o ante los estados neoliberales prescindentes, sino ante algo inédito, que sobre la base de la fragilidad heredada del modelo neoliberal busca desarrollar nuevas artes para mantenerlos en pie, dotarlos de mayor legitimidad y asegurar así su supervivencia siempre amenazada.

En la favelas de Brasil, en las villas de Argentina y en los asentamientos de Uruguay, los activistas sociales ya no están solos. Algunas décadas atrás, el Estado sólo aparecía vestido de uniforme policial o militar, o a través de caudillos patriarcales hoy en decadencia. Ahora el Estado reconoció el papel del territorio y de los movimientos territoriales, y los movimientos reconocen el nuevo papel del Estado. Y juntos, a partir de ese reconocimiento, están creando algo nuevo: las nuevas formas de dominación. Es éste un cambio de larga duración, destinado a introducir una poderosa cuña estatal en las periferias urbanas, pero ya no de un Estado puramente represivo sino algo más complejo y “participativo” que, no obstante, persigue el mismo fin: adelantarse a lo que pueda suceder, en suma, “evitar la revolución”. Es ahora un Estado capilar, porque gracias al arte de gobernar ha permeado los territorios de la pobreza con mucha mayor eficiencia que los caudillos clientelares del período neoliberal. Esos caudillos actuaban de modo vertical y autoritario, y por lo tanto siempre podían ser desbordados y, más aun, estaban destinados a ser desbordados.

Estamos transitando nuevas formas de dominación. Poco importa que vengan de la mano de fuerzas que se proclaman de izquierda, porque las nuevas artes de gobernar las desbordan y las incluyen a la vez. No es que las izquierdas se hayan propuesto hacerlo así, sino que les tocó gobernar en un período en el que están surgiendo nuevas gobernabilidades. En otras partes del mundo, Irak por ejemplo, algunas de estas “artes” las practican las tropas de ocupación de Estados Unidos. No interesa tanto quién sino cómo.

Lo que está en juego es la supervivencia misma de los movimientos, y de sus territorios como potenciales espacios de emancipación. En la medida que las nuevas formas de gobernar, que suelen ser ensayadas primero a escala municipal, desarticulan los movimientos sociales, pueden ser consideradas como parte del arsenal antisubversivo de los estados. Superar este desafío pasa, entre otros, por comprender lo que está cambiando, asumir las nuevas formas de dominación biopolíticas más allá de quienes las hagan rodar. Que sean las izquierdas las encargadas de hacerlo, no debería sorprender: el panóptico fue una creación de la Revolución Francesa, para enfrentar los desafíos que planteaba la caída del viejo régimen.

Siento, en consecuencia, que los conceptos y las palabras que habitualmente manejamos para describir y comprender nuestras realidades, son inadecuadas o insuficientes para interpretar, y acompañar estas sociedades en movimiento. Como si la capacidad de nombrar hubiera quedado atrapada en un período sobrepasado por la vida activa de nuestros pueblos. Buena parte de las hipótesis y análisis en los que crecimos y nos formamos quienes participamos en el ciclo de luchas de los 60 y 70 se han convertido, glosando a Braudel, en “prisiones de larga duración”. Muy a menudo acotan la capacidad creativa y nos condenan a reproducir lo ya sabido y fracasado. Un nuevo lenguaje, capaz de decir sobre relaciones y movimientos, debe abrirse paso en la maraña de conceptos creados para analizar estructuras y armazones organizativos.

Hacen falta expresiones capaces de captar lo efímero, los flujos invisibles para la mirada vertical, lineal, de nuestra cultura masculina, letrada y racional. Ese lenguaje aún no existe, debemos inventarlo en el fragor de las resistencias y las creaciones colectivas. O, mejor, aventarlo desde el subsuelo de la sociabilidad popular para que se expanda hacia las anchas avenidas en las que pueda hacerse visible y, así, ser adoptado, alterado y remodelado por las sociedades en movimiento. Necesitamos, en fin, poder nombrarnos de tal modo que seamos fieles al espíritu de nuestros movimientos, capaces de transmutar el miedo y la pobreza en luz.

Y tenemos que ser capaces de pensar y vivir en movimiento, como creo que sugieren los compañeros de Cipolletti. Porque los más castigados en nuestras sociedades, esos que no tienen nada que perder sino las cadenas (Marx), para existir, para conjurar la muerte y el olvido, deben mover-se, deslizarse del lugar heredado; en movimiento siempre, porque detenerse implica caer en el abismo de la negación, dejar de existir.

En esta etapa del capitalismo, nuestras sociedades otras sólo existen en movimiento, como tan bien nos enseñan las comunidades zapatistas, los indios de todas las Américas, los campesinos sin tierra y, cada vez más, los condenados de las periferias urbanas. El doble movimiento, la rotación sobre el propio eje y el traslado sobre el plano, son los dos modos complementarios de entender el cambio social: desplazamiento y retorno. En efecto, no alcanza con moverse, desplazarse del lugar material y simbólico heredado; hace falta, además, un movimiento como la danza, circular, capaz de horadar la epidermis de una identidad que no se deja atrapar porque cada giro la reconfigura.

El movimiento, como imagen de la sociedad otra, es, siguiendo al filósofo, la apuesta por la intensidad (flujo o movimiento) frente a la representación; siempre destinada a sacrificar el movimiento en el altar del orden. Cualquier orden. El trompo del cambio social está danzando, por sí mismo. No sabemos durante cuánto tiempo ni hacia dónde. La tentación de darle un empujón para acelerar el ritmo, puede detenerlo, más allá de la mejor voluntad de quien pretenda “ayudar”. Quizá, la mejor forma de impulsarlo sea la de imaginar que nosotros mismos somos parte del movimiento-zumbayllu; girando, danzando, todos y cada uno. Ser parte, aun sin tener el control del destino final.

Crisis financiera: oportunidad para América Latina - RAÚL ZIBECHI

Crisis financiera: oportunidad para América Latina
Raúl Zibechi • La Jornada

La crisis que está atravesando el sistema no tiene precedentes inmediatos que permitan hacer comparaciones y adelantar posibles rumbos. La más cercana, la de 1929, se produjo cuando aún no se había instalado el casino financiero que hoy hace agua y el conjunto de la economía giraba en torno a la producción industrial y la acumulación ampliada de capital. Sin embargo, algunos procesos nacidos durante aquella crisis pueden servirnos como elementos de reflexión, si coincidimos en que no se trata de una crisis más, sino la de mayor envergadura desde la Gran Depresión.

La primera es que el mundo no volverá a ser igual. Podemos esperar cambios sistémicos que, muy probablemente, representarán un golpe a la hegemonía de Estados Unidos y el nacimiento de un mundo multipolar. La crisis del 29 propició el fin del liberalismo, el ascenso de los fascismos y las guerras, el fin de la hegemonía británica y una mutación en el sistema capitalista que duró casi medio siglo, con la creación de los Estados de Bienestar con base en la alianza y negociación entre estados, empresarios y sindicatos. Sentó las bases de lo que Eric Hosbsbawm denomina "edad de oro" del capitalismo.

Fue el periodo de mayor crecimiento económico, con base en un desarrollo endógeno con la creación de amplios mercados internos, la universalización de la seguridad social, el pleno empleo, una relativa paz social y la concesión de ciertos derechos a sectores más o menos amplios de la población mundial. Fue el mayor esfuerzo realizado nunca para integrar a las "clases peligrosas", como señala Immanuel Wallerstein.

La segunda cuestión es que los países de América Latina, y de modo particular los de América del Sur, no siguieron el guión establecido por los países centrales. En este continente no tuvimos fascismos triunfantes ni guerras entre naciones, y la crisis del 29 propició el distanciamiento del centro del sistema, llevando a varias naciones a no pagar sus deudas externas. Salvo excepciones, entre las cuales Colombia parece la más destacada, la crisis mundial enterró el dominio de las oligarquías terratenientes que se habían afianzado desde la colonia. Con mayores o menores conflictos políticos y sociales, el desplazamiento de los sectores entonces dominantes abrió una nueva era para los países dependientes.

Los estados nacionales se convirtieron en importantes actores económicos con la creación de empresas monópolicas en la explotación de hidrocarburos y otros bienes comunes, ferrocarriles, servicios de agua, electricidad y telefonía, y la intervención en áreas estratégicas como comercio exterior, banca y ramas de la industria. Los regímenes de Juan Domingo Perón, en Argentina, y de Getulio Vargas, en Brasil, fueron quizá los mayores emergentes de estos procesos que combinaron soberanía con desarrollo nacional mediante la sustitución de importaciones.

El tercer cambio de larga duración fue la transformación de las principales características de los movimientos antisistémicos. Esto se concretó en el tránsito de los sindicatos por oficios a los de masas, organizados por ramas de producción. En aquéllos el protagonista principal fue el obrero que dominaba un oficio casi artesanal, autodidacta, partidario de la acción directa en pequeños sindicatos y que disputaba con el patrón el control de la organización del trabajo en el taller.

Los nuevos sindicatos fueron formados por obreros recién llegados del campo, sin previa experiencia organizativa, con pocos años de escuela y sin capacitación profesional, que habitualmente obtenían en la experiencia directa en la fábrica fordista. Con los sindicatos de masas nació una profusa burocracia especializada en la negociación salarial y de las condiciones de trabajo, con estrechas vinculaciones con el Estado y el mundo de la política profesional.

Como se sabe, las revoluciones de 1968 quebraron el consenso y la paz social en los estados del bienestar. Los que no estaban incluidos en los beneficios, o sea, las camadas menos calificadas de la clase obrera, las mujeres y los jóvenes de los sectores populares, los indígenas, afrodescendientes y otras "minorías", rompieron los diques de la contención y el disciplinamiento. Los de arriba reaccionaron trasladando sus capitales hacia la especulación financiera. Durante las dos décadas neoliberales, vivimos y sufrimos la mutación de la acumulación real en acumulación por desposesión, en robo descarado que se apoya en la guerra y el autoritarismo.

La crisis actual llevará a los estados sudamericanos a promover cambios que impidan que el incendio financiero se convierta en crisis social. Como sucedió luego de 1929, buena parte de estos cambios serán presentados como políticas progresistas, aunque son cambios necesarios para la conservación del sistema. La unidad política regional, una moneda sudamericana y pactos regionales y nacionales requerirán de nuevas instituciones. Algunas ya existen, como Unasur, el Banco del Sur y las políticas sociales, porque la transición hacia el "consenso progresista" comenzó antes de la crisis en curso. América del Sur será uno de los grandes bloques del mundo multipolar.

Del mismo modo, los movimientos sociales profundizarán los cambios que ya vienen procesando en los últimos años. Uno de los más notables puede ser la expansión de articulaciones entre los de abajo, como las que promueven zapatistas y los Sin Tierra, con modos y formas diversos, y en la que están empeñados movimientos argentinos, bolivianos, peruanos... En algún momento, los que quedaron fuera del consenso progresista, los que se hacinan en las periferias urbanas, dirán su Ya basta!, como hicieron los excluidos en las revoluciones de 1968. Aún es pronto para saber si las rebeliones de El Alto en 2003 y Oaxaca en 2006 forman parte de esas nuevas revueltas, o si son apenas tímidos anuncios de lo que está por venir.

Territorios de la dominación y de las resistencias - RAÚL ZIBECHI

Las grandes transformaciones no

empiezan arriba ni con hechos monumentales

y épicos, sino con movimientos pequeños

en su forma y que aparecen como

irrelevantes para el político y el

analista de arriba.

Subcomandante Insurgente Marcos

En América Latina existen formas de vida heterogéneas, no asimilables a las hegemónicas, porque los pueblos de nuestro continente resistieron la dominación, potenciando sus diferentes formas vivir y, por tanto, de ser. A la inversa, la diferencia social y cultural ha permitido a los sectores populares e indígenas resistir cinco siglos de dominación. Para hacer viable la resistencia, han debido fortalecer y profundizar sus diferencias con la cultura y la sociedad hegemónicas.

En nuestro continente existen territorios heterogéneos, porque los pueblos de nuestro continente resistieron y resisten la dominación, sustentando y creando territorios donde pueden habitar los modos de vida no hegemónicos. Ni la diferencia sociocultural, ni los territorios que la hospedan, son datos de la realidad sino construcciones cotidianas. Lejos de ser esencias se trata de creaciones y re-creaciones permanentes.

Desde hace un tiempo sabemos que no es casualidad que los territorios donde se conserva la diversidad biológica sean, precisamente, los que están habitados por pueblos originarios y culturas diferentes. No es que todavía no haya llegado el desarrollo hasta esos espacios, sino que la resistencia política anclada en la diferencia sociocultural ha hecho posible que esa biodiversidad siga siendo. Es, sencillamente, una cuestión política, de poder. Como vienen señalando estudiosos de múltiples disciplinas, existe una estrecha relación entre la pérdida de la diversidad biológica y el deterioro de las lenguas y culturas del planeta, ya que tanto el ecocidio como etnocidio forman parte del mismo proceso caracterizado por el creciente dominio del capital sobre la vida (Boege, 2006:239).

En el pensamiento crítico y emancipatorio la cuestión del territorio es relativamente nueva, como señalan desde diferentes perspectivas Héctor Díaz Polanco (1997), Carlos Walter Porto Gonçalves (2001) y Bernardo Mançano Fernandes (2000). En efecto, el concepto de territorio introduce, por un lado, una nueva forma de mirar el conflicto social ya que “los territorios no existen a no ser por las relaciones sociales y de poder que los conforman y, de ese modo, siempre afirman a los sujetos sociales que por medio de ellos se realizan” (Porto Gonçalves, 2006: 179). Véase, de paso, que esta concepción disuelve la relación sujeto-objeto entre el ser humano y la naturaleza que ha sido hegemónica en los últimos cinco siglos. Por otro lado, el concepto de territorio forma parte de una “revolución teórica y política” (Díaz-Polanco, 1997: 16) que nace en el seno de los movimientos indios pero que va siendo adoptada crecientemente por otros movimientos sociales rurales, y ahora también urbanos, entre los que habría que incluir categorías como autonomía, autogobierno y autodeterminación.

Por lo tanto, territorio y conflicto social no son dos cuestiones separadas. El conflicto social es un conflicto territorializado, encarnado en territorios. Podemos concebir, así, que “la crisis de la organización social en la que estamos inmersos es también la crisis de las territorialidades instituidas y de los sujetos instituyentes” (Porto, 22001: 47). A través de la continua desestructuración de territorios y de su permanente reconfiguración, podemos leer el conflicto en curso en todas sus dimensiones, local y global, pero también política y cultural. Tanto para el capital transnacional, aliado con los estados y las elites locales, como para los sector populares e indígenas, puede aplicarse el aserto de que los “nuevos sujetos se insinúan instituyendo nuevas territorialidades” (idem: 208). Que no son simétricas, porque, en esas diferencias, estriba en buena medida la capacidad emancipatoria que observamos en los nuevos movimientos territorializados.



La nueva oleada neoliberal: la mayor reconfiguración territorial en cinco siglos


En las profundas recomposiciones territoriales en marcha intervienen tres actores principales: estados e instituciones, empresas multinacionales y sectores de nuestros pueblos organizados en movimientos. Atravesamos una nueva fase del modelo neoliberal de la mano de la minería a cielo abierto, los monocultivos de soja y caña de azúcar, y el complejo forestación-celulosa. En suma, grandes multinacionales de la minería y del agronegocio están reconfigurando nuestros territorios rurales y también urbanos. En el campo, expulsando campesinos básicamente de dos formas, diferentes pero complementarias: la compra o arrendamiento masivo de tierras o la guerra de baja intensidad contra el campesinado. Aunque los métodos son diferentes el resultado es similar: una acción vertical y autoritaria del capital para implantarse en áreas ocupadas por agricultores familiares.

Los estados suelen acompañar estos empeños del capital multinacional, limitándose en algunos casos a regular sus aspectos más depredadores. Como señala el canciller brasileño Celso Amorim, la política de su gobierno se inscribe en una antigua tradición nacional que supuso la unión entre la diplomacia y el agronegocio (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006). Amorim destaca la activa participación de la cancillería en la promoción de las exportaciones del agronegocio en el cual, según sus palabras, “la diplomacia presidencial desempeña un papel de relieve”.

En efecto, en pocos años Brasil ha registrado una poderosa expansión de las exportaciones de este sector, que está en la base de su lanzamiento como global player y como potencia regional de primer orden, en condiciones de desplazar incluso a los Estados Unidos del papel rector en el subcontinente. Los datos hablan por sí solos: el 75% de las exportaciones de origen agropecuario de Brasil se reducen a cuatro grupos (carnes y cueros, soja, madera, papel y celulosa, y azúcar y alcohol). En 2006/2007 la producción pecuaria ocupó 203 millones de hectáreas, la soja 20,6 millones, la caña de azúcar 6,9 millones y los cultivos forestales 3 millones. En los próximos años la expansión seguirá siendo vertiginosa: en 2017 la caña llegará a 28 millones de hectáreas, el eucalipto para leña, en 2010, ocupará 13,8 millones (5,3 en 2006), y la soja se crecerá en otras 20 millones de hectáreas (Martins, 2007: 23).

Esto quiere decir que sólo tres rubros ocuparán 50 millones de hectáreas más en muy pocos años (tres veces la superficie del Uruguay). En frente podemos colocar otra cifra: en casi 30 años el movimiento sin tierra consiguió recuperar del latifundio unas 25 millones de hectáreas, distribuidas en 5.000 asentamientos donde viven dos millones de campesinos, medio millón de familias. Quiere decir que apenas tres rubros del agronegocio van a engullir en sólo una década el doble de tierra, pero lo harán expulsando campesinos y degradando el medio ambiente. Mientras al MST la recuperación de esas tierras le costó 1.326 muertos y miles de detenidos y procesados (CPT, 2007), las multinacionales que están devorando esas enormes superficies lo hacen con apoyo estatal y especulando con dineros ahorrados por los jubilados del primer mundo.

Más aún: según el BID hay en curso una disputa mundial por 120 millones de hectáreas de tierras brasileñas susceptibles de ser incorporadas a la producción de materias primas para producir etanol, o para cultivos de bosques homogéneos para leña, madera, celulosa y papel (Martins, 2007: 24). Otros estudios aseguran que hasta 200 millones de hectáreas en el interior de Brasil están siendo convertidas en tierras cultivables (Brewster, 2005). ¡¡Dos veces la superficie de Colombia!! Si incluimos toda Sudamérica, estas cifras habría que multiplicarlas por dos, aproximadamente. La devastación de la Amazonia, última “frontera” por conquistar para el agronegocio, sigue creciendo pese a los esfuerzos contrarios del gobierno Lula: entre 1970 y 2006 la agricultura en esa región creció de 617 mil hectáreas a 7,4 millones; la pecuaria de 4,4 millones de 32,6 millones; entre 1990 y 2004 el rebaño bovino amazónico creció 173%; un tercio de las exportaciones brasileñas de carne proceden ya de la Amazonia; finalmente, para 2004 el estado amazónico de Pará aumentó sus exportaciones en 7.800%, Rondonia en 1.350%, Mato Grosso en 360% y Tocantins en 150%[1]. Estos datos permiten visualizar la brutal reconfiguración territorial en curso, quizá la más importante desde la Conquista. Se trata, por eso mismo, de los estados donde mayor es la violencia rural, como fue develado a raíz del asesinato de Dorothy Stang en Pará, en 2005.

La contracara de este proceso es el incumplimiento de las metas de reforma agraria. En Brasil, como en todo el continente, está en marcha un cambio profundo de carácter estructural. Como señala un reciente documento del Movimiento Sin Tierra de Brasil, “entre 1930 y 1990 la agricultura brasileña fue dominada por los intereses de la industria, desarrollando un modelo agrícola que combinaba la coexistencia entre la gran propiedad exportadora y la agricultura familiar” (MST, 2007),. Las divisas que generaban las exportaciones de café, azúcar, cacao, carne y otros productos, eran usadas por la burguesía industrial para importar máquinas para sus fábricas y financiar su desarrollo. La agricultura familiar, en tanto, liberaba mano de obra para la industria y producía alimentos baratos para las ciudades. “Aún había un espacio para la reforma agraria que llamamos clásica, en la cual la industria podría absorber y convivir con la multiplicación del campesinado, que debía integrarse al mercado interno”.

Con la implementación del modelo neoliberal, la alianza entre el capital financiero y las grandes empresas transnacionales comenzó a dominar la agricultura, con el apoyo de los estados nacionales, dando vida al agronegocio. La concentración y centralización de la tierra, el control de las cadenas productivas, del mercado interno y externo, de los precios y los insumos, provocó que cada cadena productiva quedara en manos de sólo tres o cuatro grandes empresas. En este modelo no hay espacio ni para la agricultura familiar, ni para un mercado interno, ni para la reforma agraria. El impasse que atraviesa la reforma agraria aún bajo el gobierno de Lula, se debe a esta opción por el agronegocio.

Millones de campesinos están siendo expulsados hacia las ciudades por las “leyes del mercado” o por la razón de las armas. Un millón y medio de campesinos desplazados a las ciudades en Paraguay o forzados a emigrar al exterior por los monocultivos de soja; 3.5 millones de desplazados a las ciudades en Colombia por la guerra, para beneficio de las multinacionales de la minería y el agronegocio. En 1989, cuando finalizó la dictadura de Stroessner, el 67% de la población paraguaya vivía en el campo; hoy apenas supera el 40%, pero el Banco Mundial pretende que para 2015 la población rural se ubique en el entorno del 10-12% para liberar áreas que permitan ampliar los cultivos de soja y caña dulce como sustitutos del petróleo (Zibechi, 2006).

En el sur de Chile, entre 1975 y 1994 los cultivos forestales se incrementaron un 57%, pero las regiones donde se desarrolla ese lucrativo negocio se han convertido en las más pobres del país (OLCA, 1999). En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 hectáreas para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3 hectáras de tierra por familia. Y así en todo el continente. Un Complejo de Violencia y Devastación, en palabras del MST, viene reproduciéndose de diversos modos desde hace 500 años..

De la mano de los monocultivos se establecen nuevas relaciones de poder. Donde había familias y poblados campesinos que adaptaban sus cultivos y modos de vida al medio, aparece un complejo militar-empresarial que, de modo vertical y autoritario, impone nuevas relaciones de poder que sustituyen la producción tradicional por organismos modificados en laboratorios.
Estamos asistiendo a un cambio del “locus” de poder, que pasa de los campos y los campesinos y de los más variados pueblos originarios para los grandes laboratorios del complejo técnico-científico-empresarial. Más que una revolución tecnológica estamos ante un cambio en las relaciones sociales y de poder por medio de la tecnología (Porto, 2007).

Ciertamente, parece poco importante que estos desplazamientos se produzcan por vías legales o ilegales, poniendo en juego los mecanismos del mercado o a través de la militarización de los territorios en disputa. En Brasil, los conflictos más intensos se desarrollan precisamente en las áreas donde se está expandiendo el agronegocio y la pecuaria. En Paraguay, el Estado procedió a la creación de grupos paramilitares “legales” para reprimir a los movimientos campesinos que buscan frenar la expansión de los monocultivos. En 1996, cuando arreciaban las ocupaciones campesinas, la Asociación Rural creó una organización paralela, la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, que en realidad encubría una organización paramilitar. Bajo la presidencia de Duarte Frutos se crean los Consejos de Seguridad Ciudadana bajo mando del Ministerio del Interior, que operan prioritariamente en las áreas rurales. En estos momentos, según afirman las organizaciones campesinas, los cuerpos paralelos de seguridad, verdaderos grupos paramilitares armados por el Estado y promovidos por grandes hacendados y plantadores de soja, tendrían unos 22 mil integrantes. Las fuerzas de seguridad estatales cuentan con 9 mil miembros de la Policía y 13 mil de las fuerzas armadas. Según los datos recogidos por la Misión Internacional de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas, unos y otros reciben entrenamiento de miembros del Comando Sur. “Los empresarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias Rurales S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de ‘zonas liberadas' donde las fuerzas del Estado no intervienen” (CADA, 2006).

En el fondo, se trata de una completa reconfiguración de las formas de dominación, estableciéndose un nuevo panóptico rural y urbano. En el campo, gigantescas áreas homogeneizadas vigiladas por guardias empresariales. En las ciudades, en cuyas periferias se hacinan los desplazados de esta guerra por los territorios, los estados atienden a los nuevos pobres -sin tierra, sin techo y sin derechos- mediante planes sociales focalizados diseñados por el Banco Mundial. A menudo, como sucede en el Cono Sur, estas medidas son implementadas por gobiernos que se reclaman progresistas y de izquierda.

En realidad, estos emprendimientos son mucho más de lo que aparentan. La soja, como señala Javiera Rulli, no es un cultivo sino “un sistema que condiciona cualquier política”; se trata de un modelo que implica “una guerra contra la población, el vaciamiento del campo, la eliminación de la memoria del pueblo para hacinarlo en las ciudades y convertirlo en fiel consumidor de lo que el mercado les depare” (Rulli, 2007:7).


Los tentáculos de la globalización


Existe otro corte posible para abarcar el conjunto de proyectos del arriba que afectan a nuestros territorios. Se trata de los emprendimientos que complementan la vasta reconfiguración territorial en curso, destinados a conectar los territorios del capital multinacional con los grandes mercados globales. A grandes rasgos, tenemos por un lado los proyectos de la superpotencia declinante para mantener y revitalizar su hegemonía utilizando el continente como plataforma, tanto respecto al comercio como a los recursos. El ALCA y los TLCs buscan recuperar la competitividad estadounidense siguiendo los pasos del TLCAN.

Son planes estratégicos de carácter económico, que tienen un segundo momento en las formas de control directo sobre las poblaciones y puntos geográficos determinantes. El principal proyecto de este tipo es el Plan Colombia que hoy abarca hasta el sur del Perú y toma como eje la región andina, allí donde el modelo de la minería a cielo abierto y el control de la biodiversidad pueden darle a la superpotencia un plus en su lucha por la hegemonía global. Este tipo de control “sobre el terreno” implica diversas formas de despliegue militar y la construcción de bases, permanentes o no, que van formando collares o anillos en los que se entrelazan las fuerzas armadas con la presencia de empresas multinacionales.

Un cambio sustancial viene de la mano de los megaproyectos de infraestructura como la (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), iniciativa de la burguesía paulista que abarca todo el subcontinente y promueve una ambiciosa reorganización del espacio y el territorio sudamericanos. Se trata de “las nuevas venas abiertas” de nuestro continente que “responden a nuevas necesidades y a una diferente selección de las materias primas y los llamados recursos estratégicos” (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2007: 10). El territorio se pone al servicio de la construcción de una serie de corredores destinados a promover y controlar los flujos de mercancías, de producción en movimiento (barcos-fábrica), e información.

Hacer fluir el corazón de las selvas o las profundidades de las minas hacia los centros industriales y, a la inversa, llevar el espíritu industrial y competitivo hasta el centro de las selvas y minas. Agilizar los desplazamientos diversificando sus medios: ferrocarriles, autopistas, ríos, canales y cables de fibra óptica. Transformar el territorio. Adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y productivo (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2007: 10-12)

Si se llevara a cabo completamente, conseguiría conectar las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, biodiversidad) con las grandes ciudades y, a ambos, con los principales mercados del mundo. Se trata de reorganizar el espacio geográfico en base a oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales, tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de “integración y desarrollo”, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales.

Para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover las “barreras” físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad.

La forma de ver el mundo que alienta estos proyectos consiste en considerar que el principal problema para posibilitar la integración física, y por Loa tanto para mejorar el flujo de mercaderías, son las “formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco”, como reza un documento del BID (Soldatelli, 2003). Esa lógica de la naturaleza como “barrera” o como “recurso”, está presente en todos los aspectos del plan. Pueblos enteros entran la categoría de obstáculos. Sólo el gasoducto Urucu-Porto Velho afectará a 13 pueblos indígenas y a cinco municipios donde el 90% de la población son indios.

Se considera al continente sudamericano como la suma de cinco “islas” que deben ser unidas: la plataforma del Caribe, la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur. Los ejes de integración y desarrollo atraviesan esas “islas” y rompen su unidad, para corregir. Lo que el lenguaje tecnocrático denomina como “barreras” naturales.

Como señala Andrés Barreda, “de los 90 para acá, el tráfico portuario del Pacífico supera al del Atlántico; y en el año 2000, en Estados Unidos el tráfico portuario del Pacífico ya doblaba al del Atlántico. Por tanto, hay un problema en el momento en que la economía mundo se reinventa del Atlántico al Pacífico” (Barreda, 2005). Eso ha hecho que el canal de Panamá pierda su importancia y en su lugar aparecen estos corredores para conectar ambos océanos. En Sudamérica el “cuello estratégico”, según Barreda, es Bolivia, por donde pasan cinco de los doce corredores.

Por otro lado, la región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Se trata de una profunda modificación de la geografía, en la que el proyecto más ambicioso tal vez sea unir los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná. Se trata de una integración “hacia afuera”, exógena, en vez de propiciar una integración “hacia adentro”.

Los tentáculos de la globalización terminarán de convertir la naturaleza y los pueblos del continente en meros objetos, recursos para la acumulación de capital. Esta profunda reconfiguración territorial, esta verdadera guerra contra las pueblos y la naturaleza, tiene un claro componente militar del que seguramente Colombia es una de las avanzadas.



Los desafíos de los movimientos: afianzar la autonomía


Ante este panorama, los sectores populares e indígenas vienen poniendo en marcha sus propios movimientos con un claro anclaje territorial. Esto es, en todo el continente los pueblos organizados en movimientos vienen creando sus propios territorios. Primero fueron territorios rurales; luego también urbanos. Ahora presenciamos territorios rururbanos, donde se registra una máxima intensidad de los flujos entre ciudad y campo. Incluso la propia configuración de la ciudad tiene una clara impronta rural. O, mejor dicho, la aclimatación de las lógicas rurales en la ciudad inventa formas de crear y distribuir los espacios, y modos de habitarlos, que rompen las tradiciones urbanas heredadas de la Colonia para abrirse a la experimentación de los sectores populares e indígenas. La ciudad de El Alto representa del modo más cabal este conjunto de creaciones y construcciones que desestructuran las viejas dicotomías rural-urbano establecidas por las ciencias sociales.

Desde el punto cuantitativo, estamos ante la toma-ocupación-recuperación de millones de hectáreas por los habitantes del más abajo, de modo legal o ilegal, pero siempre a través de la acción directa colectiva-familiar-comunitaria. Tenemos así miles de “islas autogestionadas”, asentamientos de campesinos sin tierra en Brasil, Paraguay y Bolivia; pequeños agricultores que resisten en sus territorios de agricultura familiar, creando federaciones y cooperativas para vender sus productos; miles de comunidades indias a todo lo largo y ancho del continente recuperan tierras y afirman su autonomía. En algunos casos, crean verdaderos territorios autónomos, explícitos o implícitos, bajo las más diversas formas.

En Chiapas, sobre la base de los municipios autónomos se van conformando “territorios rebeldes” que son verdaderas regiones autogobernadas por las Juntas de Buen Gobierno (Ornelas, 2004). En el altiplano boliviano funcionan autonomías de hecho, no declaradas, pero efectivas a la hora de imponer sus autoridades como lo revela el Manifiesto de Achacachi (2001), que define “una clara línea de emancipación indígena mediante la recuperación del poder y el territorio” (García Linera, 2004: 124-125). Ambos ejemplos, más allá de sus notorias diferencias, tienen en común la existencia de “poderes otros”: las autonomías municipales, construidas desde las comunidades, como núcleo de las regiones autónomas en Chiapas; las autonomías comunitarias que en ocasiones se conforman como poderes territoriales, como fue el caso de los “cuarteles indígenas” en el altiplano de Bolivia.

La recuperación de la tierra, de su control o propiedad legal, es un paso ineludible para dar vida a lo nuevo. En Chiapas, la experiencia de más de dos décadas destaca la importancia de esa recuperación:

Los avances en gobierno, salud, educación, vivienda, alimentación, participación de las mujeres, comercialización, cultural, comunicación e información tiene como punto de arranque la recuperación de los medios de producción, en este caso, la tierra, los animales y las máquinas que estaban en mano de los grandes propietarios (Subcomandante Insurgente Marcos, 2007).

No es que los cambios consistan en la recuperación de los medios de producción, sino que esa recuperación abre la posibilidad de que los cambios se produzcan, en una relación de probabilidad no determinista. Esto es, precisamente, lo que vienen haciendo millones de pobres latinoamericanos desde hace algunas décadas, desde el sur del continente (mapuches, fábricas recuperadas como Zanón) hasta las comunidades indias mexicanas. Pero es también lo que viene sucediendo desde los años 50 en las periferias urbanas (Zibechi, 2007).

Las nuevas territorialidades urbanas tienen estrecha relación con lo que sucede en las áreas rurales. Unas y otras son parte del mismo proceso, no sólo su contracara. Los campesinos e indígenas que van a vivir a las ciudades, que crean nuevos barrios y nuevas territorios, no sólo no rompen con sus territorios rurales sino que mantienen estrecha relación, material y simbólica, con ellos. El levantamiento de El Alto en setiembre y octubre de 2003, no hubiera podido mantenerse y triunfar sin el apoyo material de cientos de comunidades. Desde las áreas rurales llegaron a la ciudad aymara alimentos, jóvenes comuneros para participar en los combates, y desde las comunidades partieron grandes marchas para apoyar las barricadas urbanas. A la vez, El Alto permitió que la resistencia de las comunidades cobrara visibilidad, hasta convertirse en una avanzada comunera. Algo similar sucedió durante la comuna de Oaxaca en 2006.

No quiero dar a entender que la ciudad sea la vanguardia y la comunidad rural la retaguardia, o viceversa. De ningún modo. Se trata de una relación de complementariedad no jerárquica que tiende a disolver, a través de la acción colectiva, la dicotomía sociológica urbano-rural. Una vez más, la acción social desordena las categorías teóricas y nos fuerza a pensar de otro modo, huyendo quizá de simplificaciones para encontrar nuevas categorías. En los hechos, existen unos cuantos aspectos en común entre lo que sucede en los territorios rurales y los urbanos reconfigurados por los pueblos organizados en movimientos. Quisiera mencionar tres de ellos.

1) En una parte considerable de estos territorios, sobre todo en aquellos donde los movimientos trabajan más en profundidad, existen, en germen, sociedades otras: de valores de uso, comunitarias, autocentradas, femeninas en el sentido profundo del término, que están siendo capaces de producir y re-producir la vida de las personas que participan en ellos. Existe una débil desvinculación espacial y social entre la producción y el consumo. O sea, son territorios en los que no impera una lógica económica del desarrollo que, como ha señalado Porto Gonçalves, es siempre una lógica de guerra.

2) Se trata de territorios complejos donde hay espacios y tiempos para la diversidad, cuya urdimbre está formada por la expansión de una lógica familiar-comunitaria centrada en el papel de la mujer-madre en torno a la que se modela un mundo de relaciones otras: afectivas, de cuidados mutuos, de contención, inclusivas. Se trata de la irrupción de otra racionalidad, de otra cultura, de una episteme relacional como apunta Alejandro Moreno (2006).

3) En estos territorios pueden nacer, aunque esto no es ciertamente lo más común sino apenas una tendencia, poderes otros, no jerárquicos o, como he señalado en otros trabajos, “poderes no estatales”. Esos poderes y esos territorios son espacios de paz y no de competencia, son potencialmente anticapitalistas, ya que como señalan los zapatistas hoy “no se puede entender ni explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra”. Por eso, aunque suene ingenuo, “la paz es anticapitalista” (Subcomadante Insurgente Marcos, 2007). .

A grandes rasgos vemos un panorama signado por una intensa disputa territorial: por un lado, aparecen territorios homogéneos, sedes de poderes verticales y autoritarios del gran capital, espacios de uniformización de la naturaleza y, por lo tanto, de su desaparición como tal naturaleza para ser sustituida por una suerte de distribución panóptica de plantas artificiales modificadas en laboratorios o de complejos de minería química. Por otro lado, están los territorios complejos y diversos de pueblos que sólo pueden existir conviviendo con el entorno, sede de relaciones sociales heterogéneas que, en ocasiones, se convierten en “territorialidades emancipatorias” (Porto Gonçalves, 205). Si los territorios del primero forma parte de un Complejo de Violencia y Devastación, los segundos se conjugan en plural y tienden a relacionarse entre sí de modo horizontal o, por lo menos, no jerárquico.

He comenzado diciendo que en América Latina existen formas de vida heterogéneas y que ellas se han mantenido y expandido gracias a la resistencia de los movimientos sociales o, si se me permite, de sociedades otras en movimiento. Hemos visto que esas formas de vida están siendo amenazadas por una reconfiguración masiva y a gran escala de los territorios rurales y de las relaciones de poder. Como sabemos, sin formas de vida heterogéneas el cambio social es mucho más difícil, si no imposible. Podemos asegurar, entonces, que la desaparición de las formas de vida heterogéneas por la reestructuración territorial en curso, amenaza la autonomía y la existencia misma de los movimientos sociales, o sea de los hacedores del cambio social.





Bibliografía

Barreda, Andrés “Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales”, 20 de diciembre de 2005, en http://www.alainet.org/

Boege Schmidt, Eckart 2006 “Territorios y diversidad biológica”, en Concheiro, Luciano y Lopéz Bárcenas, Francisco (coords.) Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural, Cedrssa, México.

Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) 2006 “Conclusiones generales de la Misión de Internacional de Observación", Asunción, 20 de julio.

Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Informes anuales “Conflictos no campo” de la Comisión Pastoral de la Tierra, 1985-2007.

Díaz-Polanco, Héctor 1997 La rebelión zapatista y la autonomía, Siglo XXI, México.

García Linera, Alvaro 2004 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, Diakonía/Oxfam, La Paz.

Kneen, Brewster 2005 Gigante invisible. Cargill y sus estrategias transnacionales, GRAIN Y REDES-AT, Buenos Aires.

Mançano Fernandes, Bernardo 2000 A formaçao do MST no Brasil, Vozes, Petrópolis.

Martins de Carvalho, Horacio 2007 “La perversa ideología de la vocación agrícola de Brasil”, ALAI No. 425-425, Quito, octubre.

Ministerio de Relaciones Exteriores 2006 El negocio del agro en Brasil, Brasilia.

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), 2007 “Sobre a situaçao do campo brasileiro e os direitos humanos”, MST, Brasilia, 3 de diciembre.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) 1999 Aproximación crítica al modelo forestal chileno, Santiago.

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica 2007 Territorialidad de la dominación. La Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), Buenos Aires.

Ornelas, Raúl 2004 “La autonomía como eje de la resistencia zapatista”, en Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI, Ceceña, Ana Esther (Comp.), Clacso, Buenos Aires.

Palau, Tomás 2007 Los refugiados del modelo agroexportador, BASE-IS, Asunción.

Porto Gonçalves, Carlos Walter 2007 “Mudança de poder na agricultura”, Folha de Sao Paulo, 1 de noviembre.

Porto Gonçalvez, Carlos Walter 2006 “A reinvençao dos territórios. A experiéncia latino-américana e caribenha”, en Ceceña, Ana Esther (coord.) Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado, Clacso, Buenos Aires.

Porto Gonçalves, Carlos Walter 2001 Geo-grafías. Movimientos sociales , nuevas territorialidades y sustentabilidad, Siglo XXI, México.

Rulli, Javiera 2007 Repúblicas Unidas de la Soja, BASE-IS, Asunción.

Soldatelli, Elisangela 2003 “IIRSA. E esta a integraçao que nós queremos?”, Amigos da Terra, Porto Alegre.

Subcomandante Insurgente Marcos 2007 “I. Arriba, pensar el blanco. La geografía y el calendario de la teoría”, Coloquido Aubry, San Cristóbal de las Casas, 13 de diciembre, en http://www.enlacezapatista.org/

Zibechi, Raúl 2007 Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, Universidad de San Marcos, Lima.

Zibechi, Raúl 2006 “Paraguay: Plataforma para la hegemonía continental”, IRC, 1 de agosto.

*Ponencia en la Universidad Javeriana, Bogotá, abrail de 2008
[1] Assesoria de Imprensa do MST, “Dados da agricultura e pecuária na Amazonia”, 11 de febrero de 2007 en www.mst.org.br

Nota introductoria - RAÚL ZIBECHI

Los artículos y trabajos que aparecen en este libro, son el resultado de unos cuantos años dedicados a recorrer espacios y territorios donde habitantes del sótano de nuestro continente, intentan convertir sus modos de subsistencia en alternativas al capitalismo y al colonialismo. Casi dos décadas en las que pude compartir con movimientos de los sectores populares, índigenas, sin tierra, sin techo, sin trabajo, sin derechos… He aprendido muchas cosas gracias a la generosidad de mujeres, niñas y niños, varones jóvenes y no tanto, a quienes les agradezco de corazón el tiempo, el cariño y la paciencia para hacerme comprender, con los argumentos de la razón y de los afectos, algunos de sus sueños, deseos y esperanzas.

Nunca podré saldar las múltiples deudas que contraje en esta andadura. Como consuelo, diré que los textos en los que intento dar cuenta de lo que pude ver, sentir y convivir, no están destinados a un público especializado, ni forman parte de un proyecto académico, insitucional o periodístico, sino que pretenden contribuir, desde abajo y junto a otros militantes, tanto a las resistencias como a la conformación de mundos otros. No es gran cosa, ya que la contribución individual, aún participando en proyectos colectivos, es apenas un soplo en el vendaval que los de abajo ensayan y preparan para barrer la opresión de las prácticas cotidianas.

En más de una ocasión surge la pregunta, las más de las veces formulada por especialistas, si no se le concede demasiada importancia a las “micropolíticas” de los de abajo, a las prácticas ordinarias de hombres y mujeres comunes que, por tanto, no son ni heroicas ni están revestidas de la menor trascendencia, más allá de la que ellas y ellos mismos le dan, enterradas como están en una cotidianeidad gris, repetitiva, inercial. ¿Qué interés pueden tener, por ejemplo, los comedores populares donde la mujeres pobres peruanas se reúnen diariamente para cocinar la comida de sus hijos, de sus vecinos, de sus iguales? ¿No son, acaso, formas de asistencialismo los miles de emprendimientos con los que los desocupados, los sin tierra y sin techo buscan paliar el hambre, curar sus llagas y poner en común los saberes que van descubriendo?

En este punto, no tengo la menor duda: si la revolución como práctica emancipatoria es posible, si tiene algún asidero, brota irremediablemente de y en la vida cotidiana de los de abajo. Es allí, en esa supuesta grisura de la cotidianeidad, donde debemos descubrir las potencias que encarnan esas prácticas que las izquierdas del sistema desprecian y los de arriba pretenden cooptar. No quisiera dejar de lado los límites evidentes que manifiestan muchas de estas prácticas, no sólo por la intromisión y manipulación de agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales, sino por los límites que esas mismas actividades presentan si no son capaces de ir más allá de lo que existe, de superar las anteojeras del localismo, de voltear rutinas y desbordar las dependencias que a menudo genera la pobreza.

Es cierto, por tanto, que las prácticas de sobrevivencia colectiva de los abajo no siempre forman parte del contingente de luchas emancipatorias. Sin embargo, sin aquellas, éstas no serían posibles. Creo que algo de eso nos muestra la historia del zapatismo, y admito que es posible que no haya entendido nada de esa historia. Como la relata el subcomandante insurgente Marcos, fueron las propias comunidades en diálogo con los rebeldes, las que le dieron forma y vida a lo que es hoy el zapatismo. El sujeto no es la teoría revolucionaria, ni los dirigentes, ni el aparato armado o el partido, sino las comunidades en rebeldía, las comunidades que dan vida a los municipios autónomos, las mismas comunidades que cincelan un ejército, “su” ejército, las que moldean formas nuevas poder, las juntas de buen gobierno, los caracoles…

Es casi seguro que no lo habrían hecho sin un vínculo sólido y en diálogo con gentes venidas de fuera, y con los dirigentes nacidos en esas comunidades. Pero eso no nos debería hacer olvidar que fueron esos hombres y esas mujeres, y esos niños y esas niñas, las que eligieron erigir vínculos con esos hombres y esas mujeres, y, sobre todo, tejer con ellos esas hebras de mundo nuevo que sentimos latir en Chiapas y, cada vez, en otras partes de México y de nuestra América.

No menciono al zapatismo por una cuestión de autoridad. Cada movimiento construye, como puede y a su modo, los fragmentos de ese gigantesco mosaico que poco a poco van armando los pueblos del mundo, amasado con la arcilla del dolor, la sangre y la rebeldía. Los menciono, porque las realidades que conozco en América Latina, me permiten afirmar que la experiencia zapatista representa la más completa ruptura con las viejas formas de hacer política, y porque han sido capaces de crear una porción sustancial del mundo nuevo. Y, aunque no se trata de imitarlos, existe entre los más diversos movimientos la certeza de que hay un antes y un después del 1 de enero de 1994, de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Otra Campaña.

En los últimos años he intentado fijar la atención en las periferias urbanas, espacios donde se han registrado algunos de los más notables movimientos de los últimos años, pero en las cuales el trabajo de base autónomo tiene enormes dificultades para echar raíces y extenderse en el tiempo. Aunque las experiencias rurales, como la del movimiento sin tierra, los movimientos indígenas y algunos movimientos campesinos, siguen siendo referentes ineludibles, coincido con Mike Davis en que las periferias urbanas son, cada vez más, el escenario estratégico para torcer el rumbo a favor de los de abajo. La insurrección aymara de El Alto, los levantamientos populares en las más diversas ciudades del continente y la comuna de Oaxaca, parecen confirmar que existe un potencial de lucha que recién estamos comenzando a descifrar. A comprender esas potencias está dedicado buena parte de este trabajo.

Sin embargo, no es posible soslayar por más tiempo que hoy los movimientos, y de modo muy particular los urbanos, están siendo acosados por un nuevo enemigo, más difícil de enfrentar porque ha surgido, en no pocas ocasiones, en el seno mismo de esos movimientos, o en sus áreas más cercanas. Quienes vivimos en el Cono Sur de Sudamérica, podemos dar fe del enorme daño que estos gobiernos autodenominados progresistas y de izquierda, están haciendo a la lucha por la emancipación. Soy conciente que en México, es este un debate que divide aguas y genera hondas diferencias, a menudo insalvables. Pero sé también que no es escondiendo las diferencias como podremos avanzar.

Lo nuevo no está ya preparado para ser aplicado, sin más, por los gobiernos progresistas. No existe un diseño previo, como lo fueron las políticas focalizadas para combatir la pobreza del primer período neoliberal. El personal político que hoy está al frente de los ministerios sociales, participó en los años 90 en gobiernos municipales y provinciales donde ensayó formas de “participación” que pretendían atraer a los movimientos a la gestión estatal. El Presupuesto Participativo de Porto Alegre, fue un referente para múltiples experiencias en la misma dirección, que pretendieron una reforma del estado en base a la “descentralización con participación”. Desde el punto de vista de los sectores populares organizados, estas experiencias no fueron felices, ya que propiciaron la desarticulación de toda una camada de organizaciones sociales.

Ese personal, proveniente de los partidos de izquierda o de otros partidos del sistema, es el encargado de transitar de las viejas políticas participativas, a los diversos planes estatales para combatir la pobreza que son una de las claves de bóveda de las nuevas formas de gobernar…y de dominar. Ya no estamos ante los estados benefactores o ante los estados neoliberales prescindentes, sino ante algo inédito, que sobre la base de la fragilidad heredada del modelo neoliberal busca desarrollar nuevas artes para dotar a esos estados decrépitos de mayor legitimidad y asegurar así su supervivencia siempre amenzada. El 25% de la población de Brasil, casi 50 millones de personas, son beneficiarias del plan Hambre Cero. En Argentina y Uruguay el 15% de los hogares reciben ayudas estatales, complementadas por planes que apoyan las formas de sobrevivencia nacidas en la pobreza. No puede hablarse, por tanto, de las clásicas políticas focalizadas sino de algo diferente y nuevo.

La expansión de los planes sociales se produce en el mismo momento en que se registra un crecimiento exponencial de la represión. En el Brasil de Lula, se baten récords de muertos en la favelas, mientras el “gatillo fácil” no dejó de crecer en el quinquenio progresista de Néstor Kichner. El banco de pruebas es Haití, donde los ejércitos de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, ensayan formas de intervención militar y social en las barriadas pobres que lugo ponen en práctica en las favelas, como lo acaba de reconocer un militar brasileño de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.

De una forma dura o blanda, el estado está llegando a territorios donde estaba ausente, y lo está haciendo de modo capilar, permeando los territorios de la pobreza con mucha mayor eficiencia que los caudillos clientelares del período neoliberal. Esos caudillos actuaban de modo vertical y autoritario, y por lo tanto siempre podían ser desbordados y, más aún, estaban destinados a ser desbordados. En el trabajo sobre el terreno, el papel más destacado lo juegan nuevos actores estatales: los trabajadores sociales de las ONGs (en buena medida mujeres jóvenes con formación universitaria), que se mueven en los mismos espacios que los militantes y practican los modos de la educación popular. En los hechos, se está produciendo una enorme confusión entre la militancia tradicional y los funcionarios estatales. Ambos hablan lenguajes similares, se mueven en los mismos espacios y cultivan códigos idénticos, porque en realidad una parte sustancial del funcionariado de las ONGs y de los ministerios sociales que las contratan, proviene de la militancia social de los 90 o de sus aledaños.

Están naciendo nuevas formas de dominación, enmascaradas bajo un discurso progresista y hasta de izquierda. Siento que es necesario mostrarlas, exponerlas a la luz para contribuir a neutralizarlas y, sobre todo, para evitar que consigan su objetivo mayor: la demolición de los movimientos sociales desde dentro, de un modo mucho más sutil que el represivo pero, por lo mismo, más profundo y duradero. Los planes sociales y la cooperación al desarrollo deberían, en adelante, ser considerados como parte del arsenal antisubversivo de los estados. Las formas biopolíticas de dominación están siendo implementadas por las izquierdas, introduciendo grados de confusión inéditos, que hacen pasar formas brutales de dominación como ayudas a los pobres. Que sean las izquierdas las encargadas de hacerlo, no debería sorprender: el panóptico fue una creación de la Revolución Francesa, para enfrentar los desafíos que planteaba la caída del viejo régimen.


Raúl Zibechi
Montevideo, julio de 2008

Gobiernos y movimientos: entre la autonomía y las nuevas formas de dominación

Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, el 6 de diciembre de 1998, se abrió un nuevo período de las luchas sociales en América del Sur. Era la primera vez, en muchos años, que se formaba un gobierno de carácter popular en el continente, que con el tiempo se convirtió en referente ineludible para la mayor parte de las izquierdas. Su llegada al gobierno fue el resultado de un largo proceso de luchas de los de abajo, que desde el Caracazo de 1989 –la primera gran insurrección popular contra el neoliberalismo- hicieron entrar en crisis el sistema de partidos, sobre el que se había apoyado la dominación de las elites durante décadas.

En los años siguientes, un rosario de presidentes que se reclamaban aliados de los movimientos sociales, alcanzaron el gobierno en ocho países del continente. Lucio Gutiérrez en Ecuador, Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafel Correa en Ecuador, luego de que Gutiérrez fuera derribado por la protesta social al aliarse con las derechas, y finalmente, Fernando Lugo en Paraguay, componen el nuevo mapa político de la región. Es un lugar común decir que estos gobiernos fueron posibles, en mayor o menor medida, por la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal.

En algún momento fue necesario distinguir por lo menos dos genealogías. La de aquellos países donde las fuerzas del “cambio” llegaron al gobierno como consecuencia de una acumulación electoral e institucional, en un clima de estabilidad política y en base a equipos de gobierno con experiencia previa en las gestiones municipales y provinciales. Es el caso de Brasil, Chile y Uruguay, y parcialmente el de Argentina. La segunda está signada por crisis políticas más o menos profundas, provocadas por la movilización social que llegó a poner en cuestión no sólo a los gobiernos neoliberales, sino también –aún de modo fugaz o incipiente- el modo de dominación y todo el entramado institucional en el que se apoya. Es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, y parcialmente Argentina.

Como se verá, esta distinción inicial resultó insuficiente para comprender procesos que, por encima de sus notorias diferencias, tienen en común la recuperación de la centralidad estatal que supone la marginación de los movimientos. Apenas diez años después de iniciado este proceso, el entusiasmo que barrió la región fue mermando al constatarse que los nuevos gobiernos representan más continuidades que cambios. En el momento de redactarse este trabajo (julio de 2008), ya la iniciativa había pasado de los gobiernos que se reclamaban del “cambio” a las fuerzas conservadoras en casi toda la región[1]. El ocaso de la década “progresista” llegó muy pronto, cuando una parte considerable de los movimientos aún no sacaron cuentas de los beneficios y pérdidas que representó para el campo popular.

Una de las ineludibles evaluaciones, se relaciona con la cuestión del Estado, con el camino estatista asumido como natural por la inmensa mayoría, pese a la advertencia zapatista y, más fuerte aún, pese a las exitosas experiencias de construcción de poderes no estatales en Chiapas y en algunos otros espacios controlados por los de abajo. Porque la lógica estatista ha significado un giro copernicano para los movimientos que nunca debatieron a fondo el tema, o sea, para la inmensa mayoría. Desde el momento en que las fuerzas del “cambio” asumieron la administración de los aparatos estatales, apareció la vieja derecha en escena blandiendo amenazas de desestabilización, aliada casi siempre con las grandes multinacionales y el inquilino de la Casa Blanca.

En suma, se produjo una modificación radical del escenario por la cual los movimientos fueron literlamente barridos del destacado lugar que habían ocupado, desde que a comienzos de los 90 se instaló en Consenso de Washington. En adelante, la contradicción dominante será entre los gobiernos y las derechas, un cambio que arrastró a los movimientos hacia un torbellino estatista del que una porción fundamental aún no se han podido evadir.


Cooptación, división, fragmentación

Nada volvió a ser como antes. Con la única escepción de Chile, donde los movimientos viven un importante ascenso desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia, en los demás países gobernados por fuerzas de izquierda o progresistas[2] oscilan entre el apoyo incodicional a los gobiernos –de los que reciben beneficios materiales- hasta el enfrentamiento más o menos abierto, pero con escasa capacidad de convocatoria.

Desde que la Concertación sucedió al general Augusto Pinochet, en 1990, los movimientos atraversaron aún más dificultades que bajo la dictadura. La democracia tutelada demostró toda su capacidad de aislar y criminalizar la protesta social. Sin embargo, desde 2006 los estudiantes, los mapuche y cada vez más los obreros y los pobladores de las periferias urbanas, han tomado la iniciativa contra un Estado excluyente, racista y represivo. Luego de tres años la protesta estudiantil mantiene su fuerza y su carácter asambleario, horizontal y participativo, rehuyendo la creación de aparatos centralizados[3]. La frescura del movimiento le ha granjeado enormes simpatías entre la población, puso al descubierto la política represiva del Estado y la escasa atención del gobierno a la educación pública y al debate sincero con los estudiantes.

El movimiento mapuche no ha dejado de crecer y fortalecerse, pese a la dura y selectiva represión que se ejerce contra las comunidades y sus dirigentes. En condiciones muy desventajosas, consiguió neutralizar la efectividad desmovilizadora de la ley antiterrorista heredada de Pinochet, que se aplica en democracia contra sus dirigentes y comunidades enteras, e iniciar un nuevo ciclo de luchas[4]. La larga huelga de hambre de Patricia Troncoso, entre noviembre de 2007 y enero de 2008, permitió al pueblo mapuche tejer nuevas alianzas con sectores urbanos, mujeres, estudiantes, sindicatos, iglesias y universidades.

El empuje de los movimientos chilenos contrasta con el repliegue y la fragmentación que se registra en buena parte de los países de la región. Quizá el caso más emblemático sea el de Argentina. La mayor parte del movimiento piquetero fue cooptado por el Estado a través de los planes sociales y la designación de dirigentes en cargos del gobierno de Néstor Kirchner. Pero no fueron los únicos. El movimiento de derechos humanos, y muy en particular la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que había jugado un papel destacado en la resistencia al neoliberalismo en la década de 1990, se convirtió al oficialismo y pasó a defender sin fisuras las políticas gubernamentales. Una parte de las asambleas barriales desaparecieron, pero un sector significativo se transformaron en centros sociales, o culturales, o instalaron microempresas sociales, siendo aún hoy uno de los sectores dinámicos de lo que resta de los movimientos de 2001 y 2002.

La crisis política de 2008 entre el gobierno de Cristina Fernández y los empresarios rurales, reflejó esta fragmentación: grupos piqueteros de orientación maoísta y trotskista apoyaron a los rurales; piqueteros comunistas, grupos de derechos humanos y un sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se volcaron con el gobierno; en tanto, algunos grupos trotskistas, el Frente Darío Santillán y otros grupos piqueteros como los MTD de Solano y Guernika, y varios MTR, se mantuvieron distantes de ambos bloques[5]. El tamaño de la fragmentación es tal, que resulta imposible cualquier coordinación, aún para los asuntos más generales e importantes que se pueda imaginar.

En paralelo, en los últimos cinco años han surgido infinidad de colectivos y grupos, muchos de ellos vinculados a temas ambientales o que responden a la resistencia al nuevo modelo neoliberal asentado en la minería a cielo abierto, la forestación y los monocultivos de soya. Desde al primera experiencia contra una mina de oro en Esquel, dos mil kilómetros al sur de Buenos Aires, han surgido unas cien asambleas locales coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que se ha convertido en uno de los actores más novedosos de estos tiempos, en lucha contra la minería multinacional. Los campesinos y pequeños agricultores formaron el Frente Nacional Campesino, integrado por unas 200 organizaciones rurales que representan a la agricultura familiar y comunitaria frente al impetuoso avance de la soya. Esta articulación agrupa movimientos de larga data (como el MOCASE de Santiago del Estero), junto a nuevas organizaciones de pequeños productores de las periferias urbanas.

En Brasil los movimientos no consiguen salir de una larga etapa defensiva, agudizada bajo el gobierno de Lula. El MST (movimiento sin tierra) sigue siendo el más importante del país, y ha reorientado su lucha por la reforma agraria en un sentido más amplio, contra el agronegocio y las multnacionales de la agricultura, y contra los monocultivos de soya y caña de azúcar, y por un proyecto popular para Brasil. Su alianza con el gobierno de Lula se ha debilitado por la no implementación de la reforma agraria, y por el apoyo abierto del gobierno al agronegocio y, muy en particular, por su alianza con las multinacionales y los empresarios de la caña de azúcar para etanol. Pero esa alianza se mantiene en pie, y si bien el MST no apoya al gobierno, recibe cuantiosos fondos estatales para los asentamientos y la educación.

Las luchas urbanas protagonizadas por el movimiento sin techo, no han conseguido impactar en amplias capas de los pobres de las ciudades y quedaron reducidas a pequeños núcleos que ocupan terrenos y construyen sus viviendas y servicios colectivos. Una de las grandes dificultades con las que tropieza el movimiento urbano es la confrontación del narcotráfico y las milicias paramilitares, que han expulsado en varias ocasiones a los militantes de las favelas y los barrios periféricos, impulsando de ese modo la desorganización y atomización de los sectores populares[6]. Los intentos por relanzar los movimientos a partir de una amplia coordinación, han mostrado hasta ahora limitados avances. En paralelo, algunas luchas potencialmente explosivas, como la oposición al trasvase del rio San Francisco, encabezada por el obispo de Barra (Bahía) Luiz Flavio Cappio, han mostrado el aislamiento de los sectores más consecuentes[7].

Algo diferente sucede en países como Bolivia y Venezuela, cuyos gobiernos procuran concretar cambios de fondo con una orientación anti-neoliberal. El proceso bolivariano encabezado por Chávez viene procurando, con escaso éxito, la creación de una base social organizada subordinada a su estrategia de cambios a partir del aparato estatal. Los movimientos mejor organizados en los cerros de Caracas y en otras periferias urbanas, los Comités de Tierra Urbana y las Mesas Técnicas de Agua, han sido impulsados desde el gobierno y mantienen fluidas relaciones con las autoridades. El gobierno fomentó también la creación de una central sindical chavista, con escaso éxito y muchas dificultades internas.

Todo indica que los intentos de disciplinar a los sectores populares sigue atravesando grandes dificultades, como lo demuestran las elecciones internas del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela), a las que concurrieron apenas la mitad de los más de cinco millones de afiliados formales con que cuenta. Una década después de la llegada al poder de Chávez, los sectores populares organizados en movimientos muestran aún rasgos inequívocos de autonomía, aunque ésta se encuentra seriamente comprometida frente a un Estado potente, incisivo y muy activo en las periferias pobres.

En Bolivia la situación es bien diferente. El gobierno de Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, oscila entre la alianza con los movimientos y las concesiones a la derecha como forma de no quedar atrapado por la tremenda efervescencia popular que des-gobierna al país desde la guerra del agua de 2000. “Déjennos gobernar y hacemos lo que ustedes quieran”, podría ser el lema del vicepresidente en su relación con la derecha autonomista de Santa Cruz, según el analista boliviano Pablo Reglasky.

Este es un gobierno-árbirto que lo que más teme no es que la derecha esté en condiciones de imponerle sus términos. Por el contrario, parecería que su instinto (pues no hay evidencia que hubiera una clara estrategia en el gobienro en su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha crezca lo suficiente como para colocar en la vereda a los movimientos sociales y no puedan crecer en sus demandas[8].

Una afirmación aventurada, por cierto, pero no carente de realismo. El asunto tiene dos vertientes que pueden ser útiles para comprender los diversos procesos latinoamericanos. Por un lado, los movimientos no han sido derrotados. Según Regalsky, el “cerco sobre La Paz” establecido por los movimientos durante la insurrección de octubre de 2003, “está pendiente aún sobre las cabezas del sistema político como una espada de Damocles”[9]. No se trata de un cerco material, por cierto, sino que la posibilidad de un cerco material sigue latente porque el cerco simbólico se mantiene intacto. Y puede, por tanto, reactivarse en su materialidad en cualquier momento. Se trata de un hecho habitual en la práctica social: cuando se produce un hecho colectivo, puede volver a producirse mientras no haya sido derrotado material y sombólicamente, mientras los de abajo sigan convencidos que pueden repetirlo. Los hechos sociales actúan, las más de las veces, de modo lateral y oblicuo, no de forma directa y frontal. En Oaxaca, “el vapor que impulsó calderas y pistones en 2006 se ha condensado en experiencia, actúa en su disipación y se derrama sobre la realidad. Cuando llegue el momento, hará estallar de nuevo los recipientes obsoletos que tratan todavía de contenerlo”, según la bella metáfora de Gustavo Esteva[10].

Por otro lado, aparece la lógica estatista, implacable, hostil a los movimientos, que busca fortalecer el aparato estatal, y que se asienta en las profusas burocracias estatales (militares, judiciales, legislativas, ministeriales, municipales). Esas burocracias son enemigas de los cambios y, en el caso boliviano, de la proclamada refundación del Estado para superar el colonialismo interno. Pero a ese factor conservador se agregan los nuevos aparatos políticos, como el MAS, integrados por una amplia camada de funcionarios electos (diputados, senadores, concejales, alcaldes) y no electos (ministros y cientos de asesores y cargos provenientes, en muchos casos, de los partidos de la derecha), cuya mayor ambición es perpetuarse en esos cargos.

Por último, el caso ecuatoriano indica que el gobierno de Rafael Correa y los movimientos, en particular el indígena, mantienen una dura disputa por la orientación del país. Las relaciones entre la CONAIE y el gobierno han tenido momentos de extrema dureza sin llegarse a la ruptura o a la confrontación callejera. La experiencia anterior del movimiento indígena, que sufrió serios intentos de división y cooptación bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, ha dejado enseñanzas que los lleva a cuidar la autonomía y la independencia. El movimiento no ha ahorrado críticas frontales como la que realizó en mayo de 2008, al manifestar su rechazo a la entrega de las riquezas mineras, petroleras, mineras, madereras e hidroeléctricas a las multinacionales[11].


La autonomia frente al desafío de los planes sociales

Las relaciones entre los movimientos sociales y los nuevos gobiernos, se enfrentan al desafío inédito de la implementación por parte de éstos de nuevas formas de dominación, en las cuales los planes sociales masivos son apenas uno de los múltiples pilares del control social. Estos nuevos modos de dominación están en plena formación, diseño y rediseño, con una fuerte interacción entre el Estado y las nuevas formas de relación trabajo-capital en la era del trabajo inmaterial. Por lo tanto, los análisis con los que contamos para dar cuenta de estas nuevas realidades son incompletos y fragmentarios, pero parece importante avanzar –a veces a tientas- en los intentos por dar cuenta de los modos que asume la dominación bajo estos gobiernos autodenominados progresistas y de izquierda. Habrá tiempo, en su momento, para rectificar imprecisiones y omisiones.

-La derecha como problema. La aparición de un conflicto aparentemente central entre los gobiernos y las derechas, algo que sucede en todos los paíeses menos en Perú y Colombia, tiende a colocar a los movimientos en un lugar subordinado del que tienen serias dificultades para moverse. En algunos casos, como en Bolivia y Venezuela, la contradicción es real. Pero ni siquiera en ellos se trata de un conflicto permanente porque, como hemos visto respecto al gobierno de Evo, el Estado suele utilizar a la derecha como excusa para domesticar la rebeldía de los de abajo.

No se trata sólo de cooptación. Las más de las veces la subordinación opera desviando a los movimientos de sus objetivos centrales, de aquellas estrategias de larga duración que se venían implementando desde tiempo atrás. En el caso de Bolivia, por poner apenas un ejemplo, consistía en despejar espacio-tiempos, como el Altiplano, para la instauración de una nación aymara, proceso larguísimo que nunca fue imaginado como un acto único y fundacional, sino como la lenta instalación de poderes otros, y de la también lenta y zigzagueante expulsión del aparato estatal de esos espacios. En el caso de los desocupados argentinos, se trató de la creación de espacios autónomos, simbólicos y materiales, fuera del control de los partidos, las iglesias, el estado y los sindicatos.

La renovada potencia de las derechas es una excusa excelente para introducir Estado en las prácticas sociales de los de abajo. Este objetivo no consiste sólo en la subordinación directa, sino las más de las veces en la instalación de lógicas de la separación[12], como la relación racional y calculada medios-fines, y otras que se derivan de ella, que conduce a los movimientos por cauces de acción y pensamiento que reproducen los moldes del sistema que los oprime.

-Las nuevas formas de control. La crisis de la disciplina como forma de modelar los cuerpos en espacios cerrados, fue una de las características más destacadas de la “revolución del 68”. El desborde del control patriarcal, la neutralización del orden en el taller, la escuela, el hospital y el cuartel, forzaron al capital y a los estados a crear nuevas formas de control a cielo abierto, poniendo en el centro de su problémtica la cuestión de la población y la seguridad[13].

En este sistema de dominación, los planes sociales juegan un papel importante. Para el sociólogo Francisco de Oliveira, son “un instrumento de control” en base a un dispositivo biopolítico por el cual el Estado clasifica a las personas en base a sus carencias, “restaura una especie de clientelismo” y termina por convertir la política en algo irrelevante[14]. Por otro lado, los planes sociales apuntan a los mismos sectores que se han organizado en movimientos en las últimas décadas. Alivian la pobreza pero no modifican la distribución de la renta, ni evitan la creciente concentración de ingresos en los estratos privilegiados. Al afectar la capacidad de organización de los movimientos más activos, se convierten en un factor que dificulta su crecimiento.

- La inexistencia de temas comunes. En el período anterior habían surgido un conjunto de problemas comunes que se convirtieron en las demandas colectivas centrales, que permitieron aglutinar un conjunto muy variado de movimientos bajo formas flexibles de coordinación. Hoy el panorama es exactamente el opuesto, ya que no existen ejes temáticos capaces de acoplar a los centenares de colectivos que siguen activos en todos los países. A esto se le suele llamar fragmentación. Sólo puede superarse si se profundiza el trabajo local, porque lo local será Loa decisivo, y no la creación de grandes estructuras de coordinación.

- El debate sobre la autonomía. No se resuelve ni con declaraciones ni siquiera con emprendimientos productivos, como en el período anterior. Es un tema abierto y a profundizar, para el cuál tenemos más preguntas que respuestas. “¿La autonomía debe tener una base material?”, se preguntan, y nos preguntan, los miembros del Movimiento Social Dignidad de Cipolletti. En la misma dirección, conceptos como “cooptación”, “traición”, y otros de la misma genealogía, deben ser complejizados y puestos en cuestión, ya que no explican lo que realmente está sucediendo, y operan como somníferos entre quienes luchamos por la emancipación.

[1] Raúl Zibechi, “Hacia el fin de la década progresista”, La Jornada, 4 de julio de 2008.
[2] Utilizo los términos “izquierda” y “progresista” en un sentido general, tal como se los usa en el lenguaje cotidiano, sin pretender que se ajusten a una definición teórica precisa.
[3] Tamara Gutiérrez y Cristina Caviedes, “Revolución Pingüina”, Ayun, Santiago, 2006.
[4] Víctor Toledo Llancaqueo, “Prima ratio. Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena en Chile 1990-2007”, revista OSAL No 22, Clacso, Buenos Aires, setiembre de 2007.
[5] MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados, en general autónomos. MTR: Movimiento Teresa Rodríguez, deorientación guevarista. Frente Darío Santillán: alianza permanente de la mayor parte de los MTD.
[6] Marcelo Lopes de Souza, Fobópole. O medo generalizado e a militarizaçao da questao urbana, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2008, pp. 123-139.
[7] Raúl Zibechi, “Dos modelos enfrentados en el río San Francisco”, Programa de las Américas, 17 de diciembre de 2007.
[8] Pablo Regalsky, “Grandes oportunidades, grandes peligros”, Viento Sur No. 97, mayo 2008, Madrid, p. 17.
[9] Idem, p. 21.
[10] La Jornada, 16 de junio de 2008. Negritas mías.
[11] Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, Quito, 13 de mayo de 2008 en www.conaie.org
[12] Este tema lo he abordado en Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales.
[13] Véase “El arte de gobernar los movimientos”, donde a partir de los análisis de Michel Foucault (Seguridad, territorio, población y El nacimiento de la biopolítica) intento comprender cómo actúa la seguridad bajo los gobiernos progresistas y de izquierda de la región.
[14] Francisco de Oliveira, “A política interna se tornou irrelevante”, en Folha de Sao Paulo, 27 de julio de 2006.