Este 14 de junio se cumplió un año del intento de desalojo del plantón magisterial en Oaxaca. La acción policial ordenada por el gobernador Ulises Ruiz dio un vuelco a la lucha de los integrantes de la sección 22 del sindicato magisterial. A partir de ese momento, una movilización de carácter gremial por la rezonificación salarial se transformó en lucha política de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña para destituir al mandatario estatal.
La protesta oaxaqueña ha sido una de las expresiones de descontento social más radicales y profundas que se han vivido en México en años recientes. Entre el 14 junio y el 29 de noviembre de 2006 se vivió en la entidad una severa crisis del modelo de mando, en la que se generaron formas de autoorganización popular inéditas y se vivieron protestas novedosas.
Tan sólo en junio se efectuaron en la capital cuatro megamarchas masivas. En un estado con poco más de 3 millones de habitantes, el 2 de junio -según los organizadores- tomaron las calles 150 mil personas. El día 7 lo hicieron 250 mil, exigiendo, por primera vez, la renuncia de Ulises Ruiz. El día 16 marcharon 500 mil. El 28 de ese mes protestaron 800 mil almas.
La golpiza a los maestros el 14 de junio fue repelida. Los policías tuvieron que replegarse y ceder la plaza ante una multitud enardecida. Sin embargo, las fuerzas del orden destruyeron Radio Plantón, que había funcionado como la voz del movimiento. En respuesta, grupos de universitarios tomaron Radio Universidad y comenzaron a transmitir desde sus instalaciones.
El primero de agosto una comisión de mujeres que buscaban un espacio para difundir la realidad del movimiento en el canal de la televisión pública del estado se hizo del control de la estación. Durante 22 días transmitieron una programación alternativa. Sin embargo, las emisiones se suspendieron cuando un grupo de pistoleros al servicio del gobernador destruyó a balazos antenas y consolas de transmisión.
La sociedad oaxaqueña respondió tomando las 14 radiodifusoras de la entidad para divulgar su verdad. La radio se convirtió en el instrumento que enlazó a los barrios organizados, convocó y movilizó a la población.
El 20 de junio de 2006 se fundó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La naciente agrupación retomó y desarrolló las formas organizativas presentes en las comunidades del estado: las asambleas como espacios de encuentro, comunicación, información, análisis, reflexión y toma de acuerdos. Los consejos (de ancianos, caracterizados o principales) como fuente de autoridad y orientación política. Y las comisiones como mecanismo asociativo para cumplir tareas específicas.
Durante cinco meses la población insubordinada hizo imposible que el gobierno local funcionara. Bloqueó el Congreso y el palacio de gobierno, las secretarías de Finanzas y Economía y el Poder Judicial. La APPO se encargó de mantener el orden de la ciudad. En varios municipios los pueblos tomaron las alcaldías.
Ante la represión de policías vestidos de civil, de paramilitares y de pistoleros contra los ciudadanos en lucha, y las caravanas de la muerte, formadas por convoyes motorizados desde los que se disparaban armas de fuego contra civiles, los barrios respondieron levantando barricadas nocturnas. Su objetivo inicial era garantizar la seguridad de los vecinos, pero con el paso de los días se convirtieron en espacios de encuentro, educación y discusión política.
Esta primavera de la autoorganización popular en pleno verano se explica, en parte, como producto de la conjunción de varios factores: el enorme descontento ante el fraude electoral que hizo gobernador a Ulises Ruiz. La ruptura en el bloque dominante y los pleitos entre el mandatario estatal entrante y el saliente. La intolerancia en el trato del gobierno local hacia los alcaldes nombrados por usos y costumbres no afines al PRI. La destrucción del patrimonio histórico de la ciudad de Oaxaca para realizar obras públicas innecesarias que justificaran el desvío de recursos públicos hacia la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. La cerrazón gubernamental para atender demandas sociales. La emergencia de los barrios organizados de la capital y zonas conurbadas con graves problemas de urbanización, y una cultura asociativa de origen indígena. La cancelación de espacios democráticos y la intensificación de la represión.
A finales de octubre y durante noviembre, ante la cercanía del cambio de poderes en el país, se puso en marcha un operativo para desmantelar la insumisión popular de manera violenta. El 26 de octubre Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del magisterio, anunció el regreso a clases de los maestros en huelga. El 27 se desató un ataque contra las barricadas en el cual fue asesinado por pistoleros, entre otros, el camarógrafo estadunidense Brad Will.
El 27 de octubre se trasladó a la ciudad de Oaxaca a la Policía Federal Preventiva (PFP). El 2 de noviembre la población rechazó el intento policiaco por remover las barricadas que resguardaban la universidad. Sin embargo, el 25 de ese mes la represión se cebó sobre los ciudadanos en lucha, mientras se prendía fuego a edificios públicos en los se encontraba documentación comprometedora para Ulises Ruiz. Felipe Calderón tomó posesión como presidente de la República con un movimiento a la defensiva por la violencia en su contra: muertos, desaparecidos, encarcelados, golpeados y más de 500 órdenes de aprehensión.
Sin embargo, a pesar de la política de terror y la persecución contra dirigentes, el movimiento mantiene una vitalidad sorprendente. El pasado primero de mayo miles de ciudadanos volvieron a tomar las calles y, desde el 15 de ese mismo mes, los maestros han vuelto a realizar paros. La represión en Oaxaca ha sido conocida y documentada en todo el mundo de los derechos humanos. Se ha convertido en un elemento de desprestigio hacia el gobierno de Felipe Calderón. La APPO sigue viva y actuando.
