Territorios de la dominación y de las resistencias - RAÚL ZIBECHI

Las grandes transformaciones no

empiezan arriba ni con hechos monumentales

y épicos, sino con movimientos pequeños

en su forma y que aparecen como

irrelevantes para el político y el

analista de arriba.

Subcomandante Insurgente Marcos

En América Latina existen formas de vida heterogéneas, no asimilables a las hegemónicas, porque los pueblos de nuestro continente resistieron la dominación, potenciando sus diferentes formas vivir y, por tanto, de ser. A la inversa, la diferencia social y cultural ha permitido a los sectores populares e indígenas resistir cinco siglos de dominación. Para hacer viable la resistencia, han debido fortalecer y profundizar sus diferencias con la cultura y la sociedad hegemónicas.

En nuestro continente existen territorios heterogéneos, porque los pueblos de nuestro continente resistieron y resisten la dominación, sustentando y creando territorios donde pueden habitar los modos de vida no hegemónicos. Ni la diferencia sociocultural, ni los territorios que la hospedan, son datos de la realidad sino construcciones cotidianas. Lejos de ser esencias se trata de creaciones y re-creaciones permanentes.

Desde hace un tiempo sabemos que no es casualidad que los territorios donde se conserva la diversidad biológica sean, precisamente, los que están habitados por pueblos originarios y culturas diferentes. No es que todavía no haya llegado el desarrollo hasta esos espacios, sino que la resistencia política anclada en la diferencia sociocultural ha hecho posible que esa biodiversidad siga siendo. Es, sencillamente, una cuestión política, de poder. Como vienen señalando estudiosos de múltiples disciplinas, existe una estrecha relación entre la pérdida de la diversidad biológica y el deterioro de las lenguas y culturas del planeta, ya que tanto el ecocidio como etnocidio forman parte del mismo proceso caracterizado por el creciente dominio del capital sobre la vida (Boege, 2006:239).

En el pensamiento crítico y emancipatorio la cuestión del territorio es relativamente nueva, como señalan desde diferentes perspectivas Héctor Díaz Polanco (1997), Carlos Walter Porto Gonçalves (2001) y Bernardo Mançano Fernandes (2000). En efecto, el concepto de territorio introduce, por un lado, una nueva forma de mirar el conflicto social ya que “los territorios no existen a no ser por las relaciones sociales y de poder que los conforman y, de ese modo, siempre afirman a los sujetos sociales que por medio de ellos se realizan” (Porto Gonçalves, 2006: 179). Véase, de paso, que esta concepción disuelve la relación sujeto-objeto entre el ser humano y la naturaleza que ha sido hegemónica en los últimos cinco siglos. Por otro lado, el concepto de territorio forma parte de una “revolución teórica y política” (Díaz-Polanco, 1997: 16) que nace en el seno de los movimientos indios pero que va siendo adoptada crecientemente por otros movimientos sociales rurales, y ahora también urbanos, entre los que habría que incluir categorías como autonomía, autogobierno y autodeterminación.

Por lo tanto, territorio y conflicto social no son dos cuestiones separadas. El conflicto social es un conflicto territorializado, encarnado en territorios. Podemos concebir, así, que “la crisis de la organización social en la que estamos inmersos es también la crisis de las territorialidades instituidas y de los sujetos instituyentes” (Porto, 22001: 47). A través de la continua desestructuración de territorios y de su permanente reconfiguración, podemos leer el conflicto en curso en todas sus dimensiones, local y global, pero también política y cultural. Tanto para el capital transnacional, aliado con los estados y las elites locales, como para los sector populares e indígenas, puede aplicarse el aserto de que los “nuevos sujetos se insinúan instituyendo nuevas territorialidades” (idem: 208). Que no son simétricas, porque, en esas diferencias, estriba en buena medida la capacidad emancipatoria que observamos en los nuevos movimientos territorializados.



La nueva oleada neoliberal: la mayor reconfiguración territorial en cinco siglos


En las profundas recomposiciones territoriales en marcha intervienen tres actores principales: estados e instituciones, empresas multinacionales y sectores de nuestros pueblos organizados en movimientos. Atravesamos una nueva fase del modelo neoliberal de la mano de la minería a cielo abierto, los monocultivos de soja y caña de azúcar, y el complejo forestación-celulosa. En suma, grandes multinacionales de la minería y del agronegocio están reconfigurando nuestros territorios rurales y también urbanos. En el campo, expulsando campesinos básicamente de dos formas, diferentes pero complementarias: la compra o arrendamiento masivo de tierras o la guerra de baja intensidad contra el campesinado. Aunque los métodos son diferentes el resultado es similar: una acción vertical y autoritaria del capital para implantarse en áreas ocupadas por agricultores familiares.

Los estados suelen acompañar estos empeños del capital multinacional, limitándose en algunos casos a regular sus aspectos más depredadores. Como señala el canciller brasileño Celso Amorim, la política de su gobierno se inscribe en una antigua tradición nacional que supuso la unión entre la diplomacia y el agronegocio (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006). Amorim destaca la activa participación de la cancillería en la promoción de las exportaciones del agronegocio en el cual, según sus palabras, “la diplomacia presidencial desempeña un papel de relieve”.

En efecto, en pocos años Brasil ha registrado una poderosa expansión de las exportaciones de este sector, que está en la base de su lanzamiento como global player y como potencia regional de primer orden, en condiciones de desplazar incluso a los Estados Unidos del papel rector en el subcontinente. Los datos hablan por sí solos: el 75% de las exportaciones de origen agropecuario de Brasil se reducen a cuatro grupos (carnes y cueros, soja, madera, papel y celulosa, y azúcar y alcohol). En 2006/2007 la producción pecuaria ocupó 203 millones de hectáreas, la soja 20,6 millones, la caña de azúcar 6,9 millones y los cultivos forestales 3 millones. En los próximos años la expansión seguirá siendo vertiginosa: en 2017 la caña llegará a 28 millones de hectáreas, el eucalipto para leña, en 2010, ocupará 13,8 millones (5,3 en 2006), y la soja se crecerá en otras 20 millones de hectáreas (Martins, 2007: 23).

Esto quiere decir que sólo tres rubros ocuparán 50 millones de hectáreas más en muy pocos años (tres veces la superficie del Uruguay). En frente podemos colocar otra cifra: en casi 30 años el movimiento sin tierra consiguió recuperar del latifundio unas 25 millones de hectáreas, distribuidas en 5.000 asentamientos donde viven dos millones de campesinos, medio millón de familias. Quiere decir que apenas tres rubros del agronegocio van a engullir en sólo una década el doble de tierra, pero lo harán expulsando campesinos y degradando el medio ambiente. Mientras al MST la recuperación de esas tierras le costó 1.326 muertos y miles de detenidos y procesados (CPT, 2007), las multinacionales que están devorando esas enormes superficies lo hacen con apoyo estatal y especulando con dineros ahorrados por los jubilados del primer mundo.

Más aún: según el BID hay en curso una disputa mundial por 120 millones de hectáreas de tierras brasileñas susceptibles de ser incorporadas a la producción de materias primas para producir etanol, o para cultivos de bosques homogéneos para leña, madera, celulosa y papel (Martins, 2007: 24). Otros estudios aseguran que hasta 200 millones de hectáreas en el interior de Brasil están siendo convertidas en tierras cultivables (Brewster, 2005). ¡¡Dos veces la superficie de Colombia!! Si incluimos toda Sudamérica, estas cifras habría que multiplicarlas por dos, aproximadamente. La devastación de la Amazonia, última “frontera” por conquistar para el agronegocio, sigue creciendo pese a los esfuerzos contrarios del gobierno Lula: entre 1970 y 2006 la agricultura en esa región creció de 617 mil hectáreas a 7,4 millones; la pecuaria de 4,4 millones de 32,6 millones; entre 1990 y 2004 el rebaño bovino amazónico creció 173%; un tercio de las exportaciones brasileñas de carne proceden ya de la Amazonia; finalmente, para 2004 el estado amazónico de Pará aumentó sus exportaciones en 7.800%, Rondonia en 1.350%, Mato Grosso en 360% y Tocantins en 150%[1]. Estos datos permiten visualizar la brutal reconfiguración territorial en curso, quizá la más importante desde la Conquista. Se trata, por eso mismo, de los estados donde mayor es la violencia rural, como fue develado a raíz del asesinato de Dorothy Stang en Pará, en 2005.

La contracara de este proceso es el incumplimiento de las metas de reforma agraria. En Brasil, como en todo el continente, está en marcha un cambio profundo de carácter estructural. Como señala un reciente documento del Movimiento Sin Tierra de Brasil, “entre 1930 y 1990 la agricultura brasileña fue dominada por los intereses de la industria, desarrollando un modelo agrícola que combinaba la coexistencia entre la gran propiedad exportadora y la agricultura familiar” (MST, 2007),. Las divisas que generaban las exportaciones de café, azúcar, cacao, carne y otros productos, eran usadas por la burguesía industrial para importar máquinas para sus fábricas y financiar su desarrollo. La agricultura familiar, en tanto, liberaba mano de obra para la industria y producía alimentos baratos para las ciudades. “Aún había un espacio para la reforma agraria que llamamos clásica, en la cual la industria podría absorber y convivir con la multiplicación del campesinado, que debía integrarse al mercado interno”.

Con la implementación del modelo neoliberal, la alianza entre el capital financiero y las grandes empresas transnacionales comenzó a dominar la agricultura, con el apoyo de los estados nacionales, dando vida al agronegocio. La concentración y centralización de la tierra, el control de las cadenas productivas, del mercado interno y externo, de los precios y los insumos, provocó que cada cadena productiva quedara en manos de sólo tres o cuatro grandes empresas. En este modelo no hay espacio ni para la agricultura familiar, ni para un mercado interno, ni para la reforma agraria. El impasse que atraviesa la reforma agraria aún bajo el gobierno de Lula, se debe a esta opción por el agronegocio.

Millones de campesinos están siendo expulsados hacia las ciudades por las “leyes del mercado” o por la razón de las armas. Un millón y medio de campesinos desplazados a las ciudades en Paraguay o forzados a emigrar al exterior por los monocultivos de soja; 3.5 millones de desplazados a las ciudades en Colombia por la guerra, para beneficio de las multinacionales de la minería y el agronegocio. En 1989, cuando finalizó la dictadura de Stroessner, el 67% de la población paraguaya vivía en el campo; hoy apenas supera el 40%, pero el Banco Mundial pretende que para 2015 la población rural se ubique en el entorno del 10-12% para liberar áreas que permitan ampliar los cultivos de soja y caña dulce como sustitutos del petróleo (Zibechi, 2006).

En el sur de Chile, entre 1975 y 1994 los cultivos forestales se incrementaron un 57%, pero las regiones donde se desarrolla ese lucrativo negocio se han convertido en las más pobres del país (OLCA, 1999). En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 hectáreas para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3 hectáras de tierra por familia. Y así en todo el continente. Un Complejo de Violencia y Devastación, en palabras del MST, viene reproduciéndose de diversos modos desde hace 500 años..

De la mano de los monocultivos se establecen nuevas relaciones de poder. Donde había familias y poblados campesinos que adaptaban sus cultivos y modos de vida al medio, aparece un complejo militar-empresarial que, de modo vertical y autoritario, impone nuevas relaciones de poder que sustituyen la producción tradicional por organismos modificados en laboratorios.
Estamos asistiendo a un cambio del “locus” de poder, que pasa de los campos y los campesinos y de los más variados pueblos originarios para los grandes laboratorios del complejo técnico-científico-empresarial. Más que una revolución tecnológica estamos ante un cambio en las relaciones sociales y de poder por medio de la tecnología (Porto, 2007).

Ciertamente, parece poco importante que estos desplazamientos se produzcan por vías legales o ilegales, poniendo en juego los mecanismos del mercado o a través de la militarización de los territorios en disputa. En Brasil, los conflictos más intensos se desarrollan precisamente en las áreas donde se está expandiendo el agronegocio y la pecuaria. En Paraguay, el Estado procedió a la creación de grupos paramilitares “legales” para reprimir a los movimientos campesinos que buscan frenar la expansión de los monocultivos. En 1996, cuando arreciaban las ocupaciones campesinas, la Asociación Rural creó una organización paralela, la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, que en realidad encubría una organización paramilitar. Bajo la presidencia de Duarte Frutos se crean los Consejos de Seguridad Ciudadana bajo mando del Ministerio del Interior, que operan prioritariamente en las áreas rurales. En estos momentos, según afirman las organizaciones campesinas, los cuerpos paralelos de seguridad, verdaderos grupos paramilitares armados por el Estado y promovidos por grandes hacendados y plantadores de soja, tendrían unos 22 mil integrantes. Las fuerzas de seguridad estatales cuentan con 9 mil miembros de la Policía y 13 mil de las fuerzas armadas. Según los datos recogidos por la Misión Internacional de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas, unos y otros reciben entrenamiento de miembros del Comando Sur. “Los empresarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias Rurales S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de ‘zonas liberadas' donde las fuerzas del Estado no intervienen” (CADA, 2006).

En el fondo, se trata de una completa reconfiguración de las formas de dominación, estableciéndose un nuevo panóptico rural y urbano. En el campo, gigantescas áreas homogeneizadas vigiladas por guardias empresariales. En las ciudades, en cuyas periferias se hacinan los desplazados de esta guerra por los territorios, los estados atienden a los nuevos pobres -sin tierra, sin techo y sin derechos- mediante planes sociales focalizados diseñados por el Banco Mundial. A menudo, como sucede en el Cono Sur, estas medidas son implementadas por gobiernos que se reclaman progresistas y de izquierda.

En realidad, estos emprendimientos son mucho más de lo que aparentan. La soja, como señala Javiera Rulli, no es un cultivo sino “un sistema que condiciona cualquier política”; se trata de un modelo que implica “una guerra contra la población, el vaciamiento del campo, la eliminación de la memoria del pueblo para hacinarlo en las ciudades y convertirlo en fiel consumidor de lo que el mercado les depare” (Rulli, 2007:7).


Los tentáculos de la globalización


Existe otro corte posible para abarcar el conjunto de proyectos del arriba que afectan a nuestros territorios. Se trata de los emprendimientos que complementan la vasta reconfiguración territorial en curso, destinados a conectar los territorios del capital multinacional con los grandes mercados globales. A grandes rasgos, tenemos por un lado los proyectos de la superpotencia declinante para mantener y revitalizar su hegemonía utilizando el continente como plataforma, tanto respecto al comercio como a los recursos. El ALCA y los TLCs buscan recuperar la competitividad estadounidense siguiendo los pasos del TLCAN.

Son planes estratégicos de carácter económico, que tienen un segundo momento en las formas de control directo sobre las poblaciones y puntos geográficos determinantes. El principal proyecto de este tipo es el Plan Colombia que hoy abarca hasta el sur del Perú y toma como eje la región andina, allí donde el modelo de la minería a cielo abierto y el control de la biodiversidad pueden darle a la superpotencia un plus en su lucha por la hegemonía global. Este tipo de control “sobre el terreno” implica diversas formas de despliegue militar y la construcción de bases, permanentes o no, que van formando collares o anillos en los que se entrelazan las fuerzas armadas con la presencia de empresas multinacionales.

Un cambio sustancial viene de la mano de los megaproyectos de infraestructura como la (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), iniciativa de la burguesía paulista que abarca todo el subcontinente y promueve una ambiciosa reorganización del espacio y el territorio sudamericanos. Se trata de “las nuevas venas abiertas” de nuestro continente que “responden a nuevas necesidades y a una diferente selección de las materias primas y los llamados recursos estratégicos” (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2007: 10). El territorio se pone al servicio de la construcción de una serie de corredores destinados a promover y controlar los flujos de mercancías, de producción en movimiento (barcos-fábrica), e información.

Hacer fluir el corazón de las selvas o las profundidades de las minas hacia los centros industriales y, a la inversa, llevar el espíritu industrial y competitivo hasta el centro de las selvas y minas. Agilizar los desplazamientos diversificando sus medios: ferrocarriles, autopistas, ríos, canales y cables de fibra óptica. Transformar el territorio. Adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y productivo (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2007: 10-12)

Si se llevara a cabo completamente, conseguiría conectar las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, biodiversidad) con las grandes ciudades y, a ambos, con los principales mercados del mundo. Se trata de reorganizar el espacio geográfico en base a oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales, tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de “integración y desarrollo”, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales.

Para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover las “barreras” físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad.

La forma de ver el mundo que alienta estos proyectos consiste en considerar que el principal problema para posibilitar la integración física, y por Loa tanto para mejorar el flujo de mercaderías, son las “formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco”, como reza un documento del BID (Soldatelli, 2003). Esa lógica de la naturaleza como “barrera” o como “recurso”, está presente en todos los aspectos del plan. Pueblos enteros entran la categoría de obstáculos. Sólo el gasoducto Urucu-Porto Velho afectará a 13 pueblos indígenas y a cinco municipios donde el 90% de la población son indios.

Se considera al continente sudamericano como la suma de cinco “islas” que deben ser unidas: la plataforma del Caribe, la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur. Los ejes de integración y desarrollo atraviesan esas “islas” y rompen su unidad, para corregir. Lo que el lenguaje tecnocrático denomina como “barreras” naturales.

Como señala Andrés Barreda, “de los 90 para acá, el tráfico portuario del Pacífico supera al del Atlántico; y en el año 2000, en Estados Unidos el tráfico portuario del Pacífico ya doblaba al del Atlántico. Por tanto, hay un problema en el momento en que la economía mundo se reinventa del Atlántico al Pacífico” (Barreda, 2005). Eso ha hecho que el canal de Panamá pierda su importancia y en su lugar aparecen estos corredores para conectar ambos océanos. En Sudamérica el “cuello estratégico”, según Barreda, es Bolivia, por donde pasan cinco de los doce corredores.

Por otro lado, la región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Se trata de una profunda modificación de la geografía, en la que el proyecto más ambicioso tal vez sea unir los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná. Se trata de una integración “hacia afuera”, exógena, en vez de propiciar una integración “hacia adentro”.

Los tentáculos de la globalización terminarán de convertir la naturaleza y los pueblos del continente en meros objetos, recursos para la acumulación de capital. Esta profunda reconfiguración territorial, esta verdadera guerra contra las pueblos y la naturaleza, tiene un claro componente militar del que seguramente Colombia es una de las avanzadas.



Los desafíos de los movimientos: afianzar la autonomía


Ante este panorama, los sectores populares e indígenas vienen poniendo en marcha sus propios movimientos con un claro anclaje territorial. Esto es, en todo el continente los pueblos organizados en movimientos vienen creando sus propios territorios. Primero fueron territorios rurales; luego también urbanos. Ahora presenciamos territorios rururbanos, donde se registra una máxima intensidad de los flujos entre ciudad y campo. Incluso la propia configuración de la ciudad tiene una clara impronta rural. O, mejor dicho, la aclimatación de las lógicas rurales en la ciudad inventa formas de crear y distribuir los espacios, y modos de habitarlos, que rompen las tradiciones urbanas heredadas de la Colonia para abrirse a la experimentación de los sectores populares e indígenas. La ciudad de El Alto representa del modo más cabal este conjunto de creaciones y construcciones que desestructuran las viejas dicotomías rural-urbano establecidas por las ciencias sociales.

Desde el punto cuantitativo, estamos ante la toma-ocupación-recuperación de millones de hectáreas por los habitantes del más abajo, de modo legal o ilegal, pero siempre a través de la acción directa colectiva-familiar-comunitaria. Tenemos así miles de “islas autogestionadas”, asentamientos de campesinos sin tierra en Brasil, Paraguay y Bolivia; pequeños agricultores que resisten en sus territorios de agricultura familiar, creando federaciones y cooperativas para vender sus productos; miles de comunidades indias a todo lo largo y ancho del continente recuperan tierras y afirman su autonomía. En algunos casos, crean verdaderos territorios autónomos, explícitos o implícitos, bajo las más diversas formas.

En Chiapas, sobre la base de los municipios autónomos se van conformando “territorios rebeldes” que son verdaderas regiones autogobernadas por las Juntas de Buen Gobierno (Ornelas, 2004). En el altiplano boliviano funcionan autonomías de hecho, no declaradas, pero efectivas a la hora de imponer sus autoridades como lo revela el Manifiesto de Achacachi (2001), que define “una clara línea de emancipación indígena mediante la recuperación del poder y el territorio” (García Linera, 2004: 124-125). Ambos ejemplos, más allá de sus notorias diferencias, tienen en común la existencia de “poderes otros”: las autonomías municipales, construidas desde las comunidades, como núcleo de las regiones autónomas en Chiapas; las autonomías comunitarias que en ocasiones se conforman como poderes territoriales, como fue el caso de los “cuarteles indígenas” en el altiplano de Bolivia.

La recuperación de la tierra, de su control o propiedad legal, es un paso ineludible para dar vida a lo nuevo. En Chiapas, la experiencia de más de dos décadas destaca la importancia de esa recuperación:

Los avances en gobierno, salud, educación, vivienda, alimentación, participación de las mujeres, comercialización, cultural, comunicación e información tiene como punto de arranque la recuperación de los medios de producción, en este caso, la tierra, los animales y las máquinas que estaban en mano de los grandes propietarios (Subcomandante Insurgente Marcos, 2007).

No es que los cambios consistan en la recuperación de los medios de producción, sino que esa recuperación abre la posibilidad de que los cambios se produzcan, en una relación de probabilidad no determinista. Esto es, precisamente, lo que vienen haciendo millones de pobres latinoamericanos desde hace algunas décadas, desde el sur del continente (mapuches, fábricas recuperadas como Zanón) hasta las comunidades indias mexicanas. Pero es también lo que viene sucediendo desde los años 50 en las periferias urbanas (Zibechi, 2007).

Las nuevas territorialidades urbanas tienen estrecha relación con lo que sucede en las áreas rurales. Unas y otras son parte del mismo proceso, no sólo su contracara. Los campesinos e indígenas que van a vivir a las ciudades, que crean nuevos barrios y nuevas territorios, no sólo no rompen con sus territorios rurales sino que mantienen estrecha relación, material y simbólica, con ellos. El levantamiento de El Alto en setiembre y octubre de 2003, no hubiera podido mantenerse y triunfar sin el apoyo material de cientos de comunidades. Desde las áreas rurales llegaron a la ciudad aymara alimentos, jóvenes comuneros para participar en los combates, y desde las comunidades partieron grandes marchas para apoyar las barricadas urbanas. A la vez, El Alto permitió que la resistencia de las comunidades cobrara visibilidad, hasta convertirse en una avanzada comunera. Algo similar sucedió durante la comuna de Oaxaca en 2006.

No quiero dar a entender que la ciudad sea la vanguardia y la comunidad rural la retaguardia, o viceversa. De ningún modo. Se trata de una relación de complementariedad no jerárquica que tiende a disolver, a través de la acción colectiva, la dicotomía sociológica urbano-rural. Una vez más, la acción social desordena las categorías teóricas y nos fuerza a pensar de otro modo, huyendo quizá de simplificaciones para encontrar nuevas categorías. En los hechos, existen unos cuantos aspectos en común entre lo que sucede en los territorios rurales y los urbanos reconfigurados por los pueblos organizados en movimientos. Quisiera mencionar tres de ellos.

1) En una parte considerable de estos territorios, sobre todo en aquellos donde los movimientos trabajan más en profundidad, existen, en germen, sociedades otras: de valores de uso, comunitarias, autocentradas, femeninas en el sentido profundo del término, que están siendo capaces de producir y re-producir la vida de las personas que participan en ellos. Existe una débil desvinculación espacial y social entre la producción y el consumo. O sea, son territorios en los que no impera una lógica económica del desarrollo que, como ha señalado Porto Gonçalves, es siempre una lógica de guerra.

2) Se trata de territorios complejos donde hay espacios y tiempos para la diversidad, cuya urdimbre está formada por la expansión de una lógica familiar-comunitaria centrada en el papel de la mujer-madre en torno a la que se modela un mundo de relaciones otras: afectivas, de cuidados mutuos, de contención, inclusivas. Se trata de la irrupción de otra racionalidad, de otra cultura, de una episteme relacional como apunta Alejandro Moreno (2006).

3) En estos territorios pueden nacer, aunque esto no es ciertamente lo más común sino apenas una tendencia, poderes otros, no jerárquicos o, como he señalado en otros trabajos, “poderes no estatales”. Esos poderes y esos territorios son espacios de paz y no de competencia, son potencialmente anticapitalistas, ya que como señalan los zapatistas hoy “no se puede entender ni explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra”. Por eso, aunque suene ingenuo, “la paz es anticapitalista” (Subcomadante Insurgente Marcos, 2007). .

A grandes rasgos vemos un panorama signado por una intensa disputa territorial: por un lado, aparecen territorios homogéneos, sedes de poderes verticales y autoritarios del gran capital, espacios de uniformización de la naturaleza y, por lo tanto, de su desaparición como tal naturaleza para ser sustituida por una suerte de distribución panóptica de plantas artificiales modificadas en laboratorios o de complejos de minería química. Por otro lado, están los territorios complejos y diversos de pueblos que sólo pueden existir conviviendo con el entorno, sede de relaciones sociales heterogéneas que, en ocasiones, se convierten en “territorialidades emancipatorias” (Porto Gonçalves, 205). Si los territorios del primero forma parte de un Complejo de Violencia y Devastación, los segundos se conjugan en plural y tienden a relacionarse entre sí de modo horizontal o, por lo menos, no jerárquico.

He comenzado diciendo que en América Latina existen formas de vida heterogéneas y que ellas se han mantenido y expandido gracias a la resistencia de los movimientos sociales o, si se me permite, de sociedades otras en movimiento. Hemos visto que esas formas de vida están siendo amenazadas por una reconfiguración masiva y a gran escala de los territorios rurales y de las relaciones de poder. Como sabemos, sin formas de vida heterogéneas el cambio social es mucho más difícil, si no imposible. Podemos asegurar, entonces, que la desaparición de las formas de vida heterogéneas por la reestructuración territorial en curso, amenaza la autonomía y la existencia misma de los movimientos sociales, o sea de los hacedores del cambio social.





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*Ponencia en la Universidad Javeriana, Bogotá, abrail de 2008
[1] Assesoria de Imprensa do MST, “Dados da agricultura e pecuária na Amazonia”, 11 de febrero de 2007 en www.mst.org.br